Derechos humanos de las personas enfermas de Covid-19

Las Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19, dadas a conocer el 4 de abril de 2020 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; así como la Resolución No. 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 10 de abril de la misma anualidad; representan los textos más importantes para incluir la perspectiva de derechos humanos en el contexto de la pandemia por coronavirus.

Esos instrumentos contemplan temas transversales de derechos humanos que todos los Estados, en su respectivo ámbito de validez espacial, resultan muy relevantes para la atención y respuesta que deben dar para evitar la propagación de coronavirus, tales como estado de excepción o emergencia, uso de la fuerza, impartición de justicia, personas o grupos en especial situación de vulnerabilidad, no discriminación, personas defensoras de derechos humanos, derecho a la información, a la libertad de expresión y a la participación, así como derechos económicos, sociales y culturales.

Ninguno de los dos textos previó que además de los grupos en situación de vulnerabilidad, que ya protegen por la propia naturaleza de las condiciones en las que se encuentran, debía de contemplarse a las personas enfermas por coronavirus, debido a la situación de riesgo que representa no sólo para ellas mismas y sus familias, sino también para el mismo estado de emergencia y el cumplimiento de las medidas preventivas para la contención en la propagación del virus.

Por ello, el 27 de julio de 2020, la Comisión Interamericana adoptó la resolución 04/2020 Derechos Humanos de las Personas con COVID-19, con la finalidad de establecer directrices interamericanas para que los Estados den cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantía para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las personas con COVID-19, inclusive mediante la integración de un enfoque interseccional y multidisciplinario, que reconozca y afirme la dignidad humana, la eliminación de todas las formas de discriminación, así como la indivisibilidad y la interdependencia de tales derechos en sus normas, políticas y toma de decisiones, y dentro de todos los poderes públicos de los Estados.

Esa resolución contempla a través de su desarrollo derechos fundamentales de las personas que padecen coronavirus, los cuales tienen que ser protegidos, con la finalidad de garantizar un impacto menor del estado de vulneración en el que se encuentran.

En primer lugar, en relación con el derecho a la salud de este grupo poblacional, los Estados deben garantizar adoptar medidas inmediatas dirigidas a asegurar, sobre una base sostenida, igualitaria y asequible, la accesibilidad y el suministro de bienes de calidad, servicios e información para la prevención, tratamiento integral, y cuidado de las personas con COVID-19; los centros de salud de atención primaria, como espacios de relevancia de contacto sanitario, deben contar con los elementos esenciales incluyendo provisión de información, prevención, atención y tratamiento médico esencial; garantizar la provisión de tratamiento intensivo y prestaciones médicas de hospitalización para las personas con COVID-19 en situaciones de urgencia médica donde se encuentre en riesgo la vida si no se da el soporte vital requerido; garantizar la gratuidad del diagnóstico, tratamiento, y rehabilitación; así como la a protección, manejo adecuado y conocimiento de su historial médico.

En lo que refiere la protección del derecho al consentimiento previo, libre e informado de las personas con COVID-19, los prestadores de servicios médicos les deben proporcionar información oportuna, completa, comprensible, clara, sin tecnicismos, y fidedigna, teniendo en cuenta sus particularidades y necesidades específicas; y no deben ser inducidas por ningún prestador de servicios médicos para consentir cualquier tipo de tratamiento médico, experimental o a participar en algún proyecto de investigación, como consecuencia de la falta de información y de entendimiento de aquella que sea proporcionada.

En lo correspondiente a la protección del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con COVID-19, las decisiones relativas a la salud y cuidado de las personas, deben adoptarse e implementarse sin ningún tipo de discriminación arbitraria basado en alguno de los motivos reconocidos en los estándares internacionales de derechos humanos; esto debe ser particularmente considerado respecto a ciertos grupos poblacionales, como las personas mayores o las personas con discapacidad.

Por lo que hace a la prioridad de la vida de las personas con COVID-19 en las políticas públicas, recursos y cooperación, los Estados deben realizar esfuerzos focalizados para identificar, asignar, movilizar y hacer uso del máximo de los recursos disponibles con el fin de garantizar los derechos de las personas con COVID-19. Para lo cual es necesario el diseño de planes presupuestarios y compromisos concretos, entre ellos la asignación de fondos y partidas específicas, así como el aumento sustantivo de presupuesto público, priorizando garantizar el derecho a la vida, a la salud y los programas sociales destinados a apoyar a esas personas.

En cuanto a la protección de los derechos de las personas con COVID-19 en relación con la intervención de actores privados o empresas en el ámbito de la salud, los Estados deben exigir claramente que esos actores no estatales o privados relacionados con el sector de la salud respeten los derechos humanos y adopten la debida diligencia en sus operaciones en este campo, en actividades relacionadas con la prestación directa de servicios de salud y cuidado o el desarrollo de investigación médica científica, las aseguradoras de salud privadas, así como a la producción, comercialización y distribución de material de bioseguridad médica, como de medicamentos, vacunas, tecnologías y equipos sanitarios, o bienes esenciales para la atención y tratamiento de salud de esta enfermedad, entre otros.

Por lo que refiere a la protección del derecho de acceso a la información de las personas con COVID-19, los Estados tienen la obligación positiva de informar de manera proactiva a las personas sobre sus derechos frente a los prestadores de salud, así como los mecanismos de protección existentes, lo cual también incluye la obligación de facilitar el conocimiento y acceso a información culturalmente adecuada y particularmente accesible a los distintos grupos de población sobre medidas de prevención y de atención de salud en este contexto.

En lo relativo a la protección del derecho a la confidencialidad, privacidad y uso de datos personales de las personas con COVID-19, el almacenamiento de datos debe estar limitado al fin legítimo y limitado de contener y revertir la pandemia, por el tiempo estrictamente necesario y estarán desvinculados de la identidad y otros aspectos personalísimos, datos que serán suprimidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para los fines de la emergencia, y en caso que la información recolectada vaya a ser utilizada con fines científicos, los datos serán anonimizados, razones por las cuales las personas involucradas conservan siempre los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales al disiparse el riesgo.

En lo que respecta a la protección de otros derechos económicos, sociales y culturales de las personas con COVID-19, los Estados deben prevenir el despido injustificado y el otorgamiento, sin dilación, de permisos por enfermedad relacionados con padecimientos causados por ese virus; asegurar prioritariamente el suministro de agua y alimentos en cantidades adecuadas a las personas en situación de pobreza o pobreza extrema; prever la adecuación de espacios temporales dignos para el aislamiento o cuidado de las personas que lo requieran; así como prever dentro de los diferentes niveles de sus sistemas educativos, la implementación de medidas que mitiguen la posible interrupción de los estudios y se enfoquen en la reducción del abandono de los mismos.

Finalmente, sobre el duelo y los derechos de familiares de las víctimas fallecidas por COVID-19, es necesaria la adopción de procedimientos que permitan la identificación de las personas que fallecen como resultado del coronavirus; así como

poder tener un duelo y realizar sus ritos mortuorios, conforme a sus propias tradiciones y cosmovisión, en atención a las circunstancias específicas y recomendaciones de las autoridades de salud con base en la evidencia científica disponible, y a través de las medidas que resulten idóneas para proteger la vida, salud o integridad y sean las menos lesivas.

Es innegable que los instrumentos y resoluciones internacionales en materia de derechos humanos no contemplaron la atención de las personas que padecen coronavirus, a pesar de contar con la protección de los instrumentos principales, nacionales e internacionales, en la materia; sin embargo, esta resolución viene a reconocer a los enfermos que se contagian de este virus, como un grupo en situación de vulnerabilidad, para lo cual establece parámetros para los Estados de la región, entre los que se encuentra México, con la finalidad que no desatiendan sus obligaciones de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos fundamentales de este grupo poblacional, que se encuentra en momentos de riesgo grave, por la situación de salud pública que prevalece en la comunidad internacional, lo cual también ayuda, sin duda, a robustecer y hacer más efectivas las medidas preventivas establecidas por los Estados mismos para la contención del coronavirus.


César O. Castro Márquez

Especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, Académico y Activista.

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