#LoVirtualEsReal: la violencia digital en México

El Estado es un juez,

que nos juzga por nacer

y nuestro castigo

es la violencia que ya ves

LAS TESIS

La violencia contra la mujer se ha negado, justificado y minimizado como lo hizo hace una semanas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien generó un amplio debate por sus declaraciones en las que aseguraba que su administración sí estaba combatiendo la violencia de género pero la forma de medir su disminución era distinta a la de otros países. Incluso, informó que en nuestro territorio la pandemia había reestablecido el vínculo entre las familias en lugar de aumentar la violencia intrafamiliar. Sin embargo, las cifras oficiales muestran otro escenario: “cifras negras” o no, en México —como en varios lugares del mundo— la violencia contra la mujer sigue en pleno auge.

Las mujeres no sólo se enfrentan a la violencia ejercida en el mundo tangible, sino también a la del mundo digital —o virtual— pues, aunque la mayoría de las veces, se ha dado por hecho que internet es —o parece— un espacio seguro: no lo es y menos si no se tienen las medidas adecuadas para navegar en él. La ambivalencia de interactuar en internet radica en que, aunque parezca de uso exclusivo y privado no lo es. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales todo lo que escribimos, enviamos, compartimos o almacenamos no es privado, pues todo lo que interactúa en internet se resguarda y deja un rastro en él, por ello, resulta muy complicado eliminar completamente nuestros archivos por la huella digital que éstos dejan. Así aunque se borren superficialmente nuestros archivos, su rastro digital se almacena en sitios que desconocemos y que en manos malintencionadas pueden ser rastreables y, en dado caso, causar daño. De ahí que se convierta en un espacio meramente público al que cualquier persona podría tener acceso no sólo a lo que alberga en él, sino también a nuestra propia información. Así, internet se ha convertido en el nuevo panóptico global donde cada persona debe tener cuidado con lo que publica, comparte, envía, almacena y descarga.

Y esto, ¿cómo se relaciona con la violencia contra la mujer? Mediante la violencia digital, la cual se define en la ficha técnica de la Ley Olimpia como “aquellas acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o vídeos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, a través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres causando daño psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias”. Con esto, la ley en sí busca que cualquier persona que sea víctima de este tipo de violencia sepa que no está sola y que existen elementos jurídicos que la amparan; no obstante, aunque se haga mención a las mujeres, ello no significa que se deje de lado al resto de personas; sin embargo el énfasis en las mujeres se da porque dicha violencia se ejerce mayoritariamente en contra ellas. Asimismo, este tipo de violencia genera, además, un discurso de odio y de burla en contra de las víctimas expuestas para dañarlas y atentar en contra de su dignidad e integridad. Y en el peor de los escenarios, puede generarse tanto sufrimiento en las víctimas al grado de orillarlas a quitarse la vida para terminar con el acoso y las amenazas virtuales, crimen que podríamos catalogar, incluso, como suicidio feminicida.

La violencia digital existe y ya no puede ni debe ser normalizada; por ello, es importante visibilizar los distintos modus operandi en los que se ha efectuado esta violencia: como quienes hackean y vulneran la seguridad de los dispositivos móviles, tal y como ocurrió en la UNAM; la filtración de packs o nudes en redes sociales como Facebook o Twitter; mediante estafas en las que se refieren a campañas en pro de la salud para robar fotos íntimas e información; a través de la oferta de trabajos con un buen salario a cambio de fotografías o vídeos íntimos, con los que finalmente extorsionarán a las víctimas y varios más. Así, este material no sólo proviene del sexting, sino que muchas veces se obtiene de la manipulación, filtración y falsificación de datos.

Ahora bien, si la violencia contra la mujer en el mundo tangible es minimizada, la violencia digital —que la mayoría de las veces también tiene un trasfondo de género— es mayormente negada pero más naturalizada y justificada. Por ello debe combatirse para evitar que se siga llevando a cabo. También debe considerarse que, si en el mundo tangible los agresores se han valido de cómplices y se han refugiado bajo el sistema patriarcal, en el mundo virtual sucede algo parecido. En éste los agresores no se han limitado en demostrar la violencia que ejercen en contra de sus víctimas: desde evidenciar cómo las acosan hasta exhibir los abusos sexuales, torturas o asesinatos que comenten sólo para mostrar cuán machos y dominantes son. Cabe aclarar que, así como en el mundo tangible, en el virtual: las víctimas son cuerpos femeninos, o feminizados, que son expuestos como objetos consumibles y desechables, así como objeto de humillaciones. Esto no niega que también existan cuerpos masculinos, o masculinizados, que también sea víctimas de tales agresiones, lo cual también debería analizarse; pero, de momento me concentraré en la violencia digital en contra de las mujeres.

Asimismo, en esta violencia no sólo intervienen el agresor y la víctima, sino también cómplices directos como quienes comparten, almacenan, reproducen, suben a plataformas pornográficas y hasta venden esos contenidos íntimos; así como quienes extorsionan, acosan u hostigan a las víctimas con tal de no hacer públicas tales imágenes o vídeos. Y cómplices indirectos como los sitios que permiten subir, compartir, difundir y descargar tal contenido, así como las carentes políticas de seguridad con las que se deja ambiguo bajo qué rubros o no se protegen a sus usuarios, así como los contenidos que se pueden compartir. Además de estos cómplices, existen aquellos que validan, consciente o inconscientemente, tales prácticas como los que permanecen en silencio porque “ese no es su problema” o porque “no son” esa persona. Incluso también debe considerarse el carente sistema de leyes o protocolos instaurados por la policía cibernética, así como el sistema judicial, ya en el mundo tangible, ya que demuestran cómo no están capacitados completamente para atender este tipo de delitos y por lo tanto se encargan de revictimizar a la víctima. Ni en el mundo virtual las mujeres están a salvo.

Otro aspecto a considerar es que cuando se hace público este tipo de contenido usualmente se relaciona con lo pornográfico, aunque no se haya concebido con ese fin, y mucho menos lo es cuando se muestra con la intención de dañar a alguien. Si pensamos en la industria pornográfica —una de las redes más grandes de esclavitud sexual, trata de personas y tortura— se ejemplifica la comercialización y la explotación de los cuerpos femeninos para la diversión y el placer de unos cuantos, pero a costa del sufrimiento de muchas más. Un ejemplo de ello es el caso de Mia Khalifa, quien denunció los abusos y las vejaciones a las que fue sometida cuando laboraba para tal industria. Tras ser fuertemente juzgada, ella exigió la eliminación de todos los contenidos en los que apareciera su imagen de los repositorios y las distribuidoras pornográficas como Pornohub. Su caso mostró —a nivel mundial— cómo la violencia contra la mujer se ha normalizado de tal forma que si alguien se expresaba en contra de alguna acción donde se atentara o ridiculizara a las mujeres, se etiquetaba inmediatamente de “exagerado” y quienes consideraban “ilógico” el apoyo a Khalifa eran los mismos que la culpaban, al tiempo de denigrarla por mostrarse de tal forma. Esto también visibilizó cómo en internet se propagaba, una vez más, la violencia de género y la cultura de la violación, por ejemplo, según los detractores de Khalifa: “ella tenía la culpa”, ella había decidido incursionar en tal industria y sólo “porque ya no le gustó” ya no era legítima su denuncia. Pero estas mismas personas no cuestionaron las polémicas en las que se había visto involucrado Pornhub por los vídeos sobre las violaciones, la trata de personas y la tortura en contra de las mujeres, mismo sitio donde se publicitaban los vídeos de la exactriz y que eran los que tenían mayores reproducciones. Esto evidenció la doble moral de quienes en su momento la consideraron una de las mujeres más deseadas del mundo y ahora la culpaban de todo lo que había vivido, pues «era su culpa», ella se había involucrado en ese medio y por lo tanto «debía pagar las consecuencias». Incluso hubo quienes cuestionaron el por qué si sentía tan incómoda no lo dijo antes; por lo que se pretendió cancelar y deslegitimar, nuevamente, la voz de quien intentara evidenciar las atrocidades a las que se siguen enfrentando las mujeres. Y aunque los abusos que experimentó Khalifa se dieron en el mundo tangible, se le linchó públicamente a través de internet. De ahí que la consigna: “lo virtual es real” se vuelva fundamental, porque en este caso, la víctima fue agredida desde el mundo tangible y desde el digital y en ambos se le violentó por una cuestión de género.

Ahora bien, si pensamos en el resto de casos que no son tan mediáticos y en los que se extorsiona, amenaza o finalmente se difunde contenido íntimo sin el consentimiento de la víctima observaremos cómo —al igual que en el caso antes señalado— prevalece el discurso doble moralista en el que siempre se cuestiona a la víctima, pero no al que exhibe, al que comparte, al que almacena, al que descarga y al que vuelve a comercializar con dicho contenido en plataformas o espacios donde se fomente la pornografía, la trata de personas o la prostitución forzada. Esto nos demuestra cómo ni en internet las mujeres están seguras, ni tranquilas. Y cómo estarlo cuando se les amenaza o extorsiona con filtrar nudes o packs que terminarán con su tranquilidad y se les culpará —porque así funciona la violencia patriarcal— por haber confiado, por haber explorado su sexualidad y su cuerpo, por haber permitido grabarse o tomarse fotografías, por haber enviado o por haber guardado tal contenido o simplemente por no haber borrado nada. Sin embargo, las víctimas deben saber que no fue su culpa, que confiar no es un delito; los culpables son quienes promueven y ejercen este tipo de violencia, quienes atentan contra la integridad de alguien, quienes comparten, reaccionan, comentan o descargan tal contenido y quienes simplemente se encargan de despotricar en contra de la víctima con la finalidad de seguir ridiculizándola y atentando en contra de su integridad. Esa horda se vuelve cómplice del o los agresores, de los que exponen a la víctima a tal hostigamiento, al participar en el linchamiento mediático para seguir culpando y atormentando a las víctimas por medio de frases como “la culpa la tuvo ella”, “para que se toma esas fotos”, “para que se deja grabar”, “para que confía en él”, “eso le pasa por fácil” y muchas otras más; sin embargo, es esa misma gente la que atenta en contra de la víctima y no en contra del agresor.

Todos esos actos ponen en riesgo la integridad y los derechos humanos de las víctimas. Por ello, para combatir este tipo de violencia se debe denunciar y alzar la voz en contra quienes la ejerzan, así como delatar aquellos espacios donde se ponga en riesgo la integridad de las mujeres, pues al hacerlo se podría interrumpir la circulación de dicho contenido y, quizás, detener la violencia en contra de ella. Los cuerpos femeninos bajo ninguna circunstancia son moneda de canje y mucho menos, objetos de burla. Sus cuerpos ya no son un motín de guerra y, por tanto, ya no deben ser asimilados como condecoraciones o trofeos para la complacencia ni disfrute del machismo. Nada justifica que se exponga a los cuerpos femeninos para que sean denigrados y mucho menos que se les use para complacer el ego patriarcal que prevalece tanto en el mundo tangible como en el virtual. Si bien en internet el pacto ético y la protección de datos dependerán de cada sitio, ello no debe confundirse con el pacto íntimo y de confianza que alojan esas imágenes o vídeos en el mundo real, pues la imagen de cada persona debe ser autorizada porque es un derecho de su personalidad, que de violarse atentaría en contra de la identidad de ésta y, por tanto, se cometería un delito.

Tal vez aún no se pueda controlar completamente el tráfico de información en internet; pero sí pueden crearse leyes y tipificarse delitos para impartir justicia en pro de las víctimas. En el caso mexicano, la violencia digital es un delito que se paga con cárcel. Si bien todavía hay mucho que cambiar, en nuestro país poco a poco avanza la aprobación de la Ley Olimpia como lo hizo hace unas semanas el estado de Baja California, el cual ya se sumó a los otros 20 estados que ya la aprobaron. Por ejemplo, gracias a esta medida ya se han llevado a las autoridades competentes a quienes creen que tienen el derecho de exhibir, compartir o vender contenido íntimo como las dos detenciones efectuadas en Coahuila o como lo sucedido en Cancún.

Sin embargo, pese a esto, las autoridades e instituciones siguen demostrando su incapacidad para cumplir con la ley, además de seguir negando el apoyo y las asesorías necesarias a las víctimas, quienes deben enfrentarse todavía a un sistema jurisdiccional patriarcal y negacionista que se ampara en la “mala redacción” de las reformas o en el desconocimiento de las leyes promulgadas o aprobadas para no efectuar cabalmente la justicia. Por ello es importante que las personas conozcan las formas que existen para denunciar la violencia digital, así como conocer las organizaciones que se dedican a velar por la ciberseguridad, además de proteger, promover y garantizar los derechos de las mujeres en internet, tal y como lo hacen Defensoras Digitales o Abogadas con glitter, sólo por mencionar algunas de las tantas colectivas que se dedican a ello.

La violencia digital no es un juego ya que también se pone en riesgo la vida de personas inocentes, que en muchísimas ocasiones no saben a dónde acudir o qué hacer para denunciar. Las víctimas deben saber que no están solas, que no tienen la culpa de nada y mucho menos deben creer que todo lo que han vivido es porque ellas lo permitieron: porque no es así. Mientras tanto, debemos cuestionarnos si sabemos de alguien que haya pasado por esto y cuál fue nuestra reacción ante tal caso; pues dependiendo de ésta se pudo intensificar la violencia en contra de la víctima. Asimismo, hay que recordar que nadie puede ni debe reproducir material que no sea autorizado; incluso debemos preguntarnos si nos relacionamos con gente que quizás no agrede en el mundo tangible a las mujeres, pero sí lo ha hecho virtualmente; si conocemos gente que pertenezca a grupos donde se comparten nudes o packs; si sabemos de gente que resguarda material íntimo de otras personas y además lo vende o lo reproduce en otras plataformas en línea: si sabemos de esto y no hemos hecho nada, entonces somos parte de un gravísimo problema y, por consiguiente, también somos cómplices de los agresores. Así que replanteémonos: queremos ser parte del problema o de la solución. Además, cuestionémonos qué pasaría si en una situación así fuéramos las víctimas; cómo nos gustaría que la gente reaccionara. Teniendo en cuenta esto, ¿seguiremos fomentando el machismo, la misoginia, los discursos de odio impuestos por el patriarcado o replantearemos finalmente nuestra forma de interactuar en internet y más en situaciones de este tipo? ¿Optaremos por el silencio y el “aquí no pasa nada” o alzaremos la voz para exigir justicia? ¿Seguiremos criminalizando y culpando a la víctima o por fin cuestionaremos a los agresores? Independientemente de la postura que elijamos: debemos saber que esa decisión no sólo será personal, sino también política. Y sobre todo, debemos considerar que nuestras acciones repercutirán de una u otra forma en cómo se efectúa la violencia digital, pues lo virtual también es y será real.


Nayeli Reyes Romero

Hispanista, latinoamericanista; editora y profesora de literatura. Entre sus líneas de investigación destacan: la literatura chilena de postdictadura; los gobiernos dictatoriales; el negacionismo; los derechos humanos; así como el rescate de la memoria social e histórica y las políticas de memoria y de punto final.

nayelial.unam@gmail.com

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