Carta sobre justicia y debate abierto

El 7 de julio pasado fue publicada una carta en la Revista Harper’s (una de las publicaciones mensuales de Estados Unidos de América, con más de 150 años de edición sobre temas políticos, financieros, artísticos y literarios, y cuyo tiraje actual asciende a los 220,000 ejemplares) firmada por 80 personalidades de diversos ámbitos como la poesía, la academia, periodistas, escritores, historiadores y activistas, entre los que destacan personalidades como Noam Chomsky, profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva, reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados Unidos, como parte de la corriente de pensamiento socialista libertario.

Otra de las personalidades firmantes es Margaret Atwood, poetisa, novelista, crítica literaria, profesora y activista política canadiense, miembro de Amnistía Internacional y una de las personas que presiden BirdLife International; así como destacados profesores y directores académicos de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos de América, como Steven Lukes, teórico político y social británico, actualmente profesor de política y sociología en la Universidad de Nueva York, y quien también ha sido profesor en la Universidad de Siena, el Instituto Universitario Europeo y la London School of Economics.

El texto de la carta señala:

«[…] nuestras instituciones culturales se enfrentan a un momento de prueba. Las poderosas protestas por la justicia racial y social están llevando a demandas atrasadas de reforma policial, junto con llamamientos más amplios para una mayor igualdad e inclusión en nuestra sociedad, especialmente en la educación superior, el periodismo, la filantropía y las artes. Pero este cálculo necesario también se ha intensificado un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto y la tolerancia de las diferencias a favor de la conformidad ideológica. Mientras aplaudimos el primer desarrollo, también levantamos nuestras voces contra el segundo. Las fuerzas del liberalismo están ganando fuerza en todo el mundo y tienen un poderoso aliado en Donald Trump, que representa una amenaza real para la democracia. Pero no se debe permitir que la resistencia se endurezca en su propia marca de dogma o coerción, que los demagogos de derecha ya están explotando. La inclusión democrática que queremos se puede lograr solo si hablamos en contra del clima intolerante que se ha establecido en todos los lados.

El libre intercambio de información e ideas, el alma de una sociedad liberal, se está volviendo cada vez más restringido. Si bien hemos llegado a esperar esto en la derecha radical, la censura también se está extendiendo más ampliamente en nuestra cultura: una intolerancia de puntos de vista opuestos, una moda para la vergüenza pública y el ostracismo, y la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una certeza moral cegadora. Mantenemos el valor de la contravoz robusta e incluso cáustica de todos los sectores. Pero ahora es demasiado común escuchar llamados a represalias rápidas y severas en respuesta a las transgresiones percibidas del habla y el pensamiento. Más preocupante aún, los líderes institucionales, en un espíritu de control de daños en pánico, están aplicando castigos apresurados y desproporcionados en lugar de reformas consideradas. Los editores son despedidos por dirigir piezas controvertidas; los libros son retirados por presunta falta de autenticidad; los periodistas tienen prohibido escribir sobre ciertos temas; los profesores son investigados por citar trabajos de literatura en clase; un investigador es despedido por distribuir un estudio académico revisado por pares; y los jefes de las organizaciones son expulsados ​​por lo que a veces son simples errores torpes. Cualesquiera que sean los argumentos en torno a cada incidente en particular, el resultado ha sido estrechar constantemente los límites de lo que se puede decir sin la amenaza de represalias. Ya estamos pagando el precio con mayor aversión al riesgo entre escritores, artistas y periodistas que temen por su sustento si se apartan del consenso, o incluso carecen de suficiente celo en el acuerdo.

Esta atmósfera sofocante dañará en última instancia las causas más vitales de nuestro tiempo. La restricción del debate, ya sea por parte de un gobierno represivo o una sociedad intolerante, invariablemente perjudica a quienes carecen de poder y hace que todos sean menos capaces de participar democráticamente. La forma de derrotar las malas ideas es mediante la exposición, la discusión y la persuasión, no tratando de silenciarlas o desearlas. Rechazamos cualquier elección falsa entre justicia y libertad, que no puede existir la una sin la otra. Como escritores, necesitamos una cultura que nos deje espacio para la experimentación, la toma de riesgos e incluso los errores. Necesitamos preservar la posibilidad de desacuerdos de buena fe sin consecuencias profesionales nefastas. Si no defendemos exactamente de lo que depende nuestro trabajo, no deberíamos esperar que el público o el estado lo defiendan por nosotros».

Esta carta viene a confirmar el contexto de censura y escarnio que prevalece de forma generalizada en casi todos los países del mundo, sin importar el espectro de la política a que pertenezca el gobierno en turno, para aquellos que osan cuestionar con bases y fundamentos la actuación del gobierno, en totalidad o la de algunos de sus líderes más representativos, como es el caso de nuestro país, en el que desde el nivel más alto se cuestiona el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión, es decir, a la libertad para manifestar las ideas, cuyo desarrollo tiene antecedentes y una evolución bastante robusta, con referencias como periodistas fifís o sicarios mediáticos.

Este contexto, de desasosiego de organismos independientes y autónomos, sobre todo internacionales, ha sido manifiesto en diversas ocasiones en las que principalmente, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, ha pedido respetuosamente y con alta preocupación al gobierno de nuestro país, a que se conduzca con respeto hacia las personas que desempeñan profesiones en las que se vierten opiniones, que puedan estar en favor o en contra, con fundamentos, de la toma de decisiones y del actuar del gobierno.

Por ello, si el gobierno desea legitimarse como verdadero promotor, garante y respetuoso de la libertad de expresión y de ideas de sus gobernados, así como de todas las personas que se encuentren en su territorio, en el que la pluralidad de las voces tienen el mismo peso, debe ser congruente tanto en sus dichos, como en su actuar, e incluso en sus políticas para garantizar que esa libertad se ejerza en términos de paz, seguridad y sin ningún tipo de señalamiento para desestimar el propósito del ejercicio de ese derecho.


César O. Castro Márquez

Especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, Académico y Activista.

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