Los Megaproyectos y la Cuarta Transformación

No cabe duda que el proyecto de gobierno liderado actualmente por Andrés Manuel López Obrador, conocido como la Cuarta Transformación o 4T, ha sido de los que han presentado más polémicas en un periodo tan corto de tiempo. Sus opiniones, acciones, políticas y decisiones en distintos rubros han sido cuestionadas desde incluso antes de la toma presidencial y hoy, a prácticamente año y medio de gobierno los cuestionamientos y las críticas se mantienen. ¿A qué se debe esta situación de indecisión y de rechazo frente a las acciones de la 4T? Esta duda me resulta sumamente interesante, ya que nos obliga a revisar ciertos aspectos donde se muestra tanto la continuidad como el cambio que representa el gobierno de López Obrador con respecto a las administraciones anteriores. Y es que el actual mandatario se ha jactado siempre de representar el cambio verdadero con respecto a los presidentes y gobiernos pasados, un cambio que además es progresista en el sentido de ser más justo, de buscar frenar la profundización del modelo neoliberal y de afianzar la soberanía nacional (con respecto a otros países y sus intereses como en el caso de Estados Unidos) pero sobre todo la soberanía popular, aduciendo una supuesta mayor importancia a las opiniones emanadas desde la sociedad en contraposición a los intereses del gran capital y de sus empresarios. Pero ¿qué tan cierto es esto?

En este sentido, uno de los rubros en los que podemos notar esta ambigüedad con respecto a qué sectores favorece y a qué intereses y necesidades responde el proyecto nacional es precisamente el de la construcción, y más específicamente, el de la construcción de grandes megaproyectos como lo son el Tren Maya, la termoeléctrica de Huexca, la cervecera Constellation Brands o el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, entre muchos otros. Los megaproyectos en México, sobre todo desde los últimos 20 años, han tenido una historia caracterizada por la imposición, donde la alianza público-privada entre gobierno nacional y grandes empresarios ha sobrepasado la capacidad de resistencia y de lucha de los movimientos que se le oponen en la mayoría de los casos, dejando en claro la priorización que se le ha dado a los intereses de las grandes empresas y a la circulación y reproducción de capital a través del mercado inmobiliario. Acciones tales como el uso de las fuerzas del orden o la modificación de la normatividad han sido sumamente comunes cuando se trata de dar paso a los megaproyectos en distintas regiones del país, acciones que se mueven entre la delgada línea que separa lo legal de lo ilegal, cuando no se recurre directamente a la corrupción.

De ahí la complejidad que adopta la construcción de megaproyectos en la administración actual, la cual se rige por un discurso que aboga por la priorización de los intereses y necesidades del pueblo, que impulsó la idea de consultas ciudadanas para darle voz y que supuestamente busca terminar con los privilegios hacia las grandes empresas. Sin embargo, la realidad se ha mostrado distinta, y las decisiones sobre los megaproyectos giran constantemente entre la oposición popular, la presión empresarial y la imposición gubernamental, ésta última disfrazada por el mismo discurso de siempre que habla de la creación de empleos y la dinamización económica de zonas rezagadas. De esta manera, la postura adoptada en torno a éstos y el discurso que los acompaña no hace más que aumentar el sentimiento de confusión que gira en torno al proyecto de gobierno actual y a las decisiones del mandatario, dividiendo a la población entre aquellos que, como también pregona el discurso oficial, consideran que las cosas han cambiado y que aunque se impulsen estos megaproyectos ahora carecen de un carácter impositivo y de despojo al tiempo que buscan llevar el desarrollo a donde no había llegado antes; y aquellos que consideran que nada ha cambiado y que por más que desde el poder se sostenga lo contrario, los objetivos y las formas siguen siendo las mismas.

Así, podemos hablar de algunos casos concretos en los que se muestra este vaivén con respecto a los megaproyectos, que oscilan entre la imposición y el respeto a las opiniones de la sociedad. El freno, por ejemplo, a la presa Paso de la Reina en Oaxaca a inicios del año o la cancelación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali algunos meses después, representan casos en los que las opiniones y el descontento social parece haber sido tomado altamente en cuenta por encima de las aspiraciones del gobierno y de los grandes capitalistas. En el caso de la presa, el presidente resaltó la enorme inconformidad y oposición que había por parte de la comunidad local, la cual llevaba ya bastante tiempo realizando movilizaciones en defensa del agua y de su abastecimiento para las comunidades, mientras que para la cervecera la movilización popular llevo a realizar una consulta ciudadana en la cual predominó el NO, llevando a su cancelación. Para ambos casos, López Obrador dio como razón el hecho de que no se puede hacer ninguna obra en contra de la voluntad de la gente, mostrando esta faceta de gobernante de izquierda cercano al pueblo y a sus luchas, más justo y de entereza moral, que busca oponerse al modelo neoliberal de explotación y despojo.

Empero, casos como el de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, o el del Tren Maya, tan sonado en el último par de meses, dejan ver una postura y un discurso completamente opuestos. En el primer caso, el mandatario fue sumamente directo al asegurar que aunque haya gritos y sombrerazos la obra se construirá, y cuando los inconformes le recordaron que en campaña había prometido cancelarla, los tildó de radicales de izquierda y conservadores. La situación empeoró cuando días después fue asesinado el comunicador y activista Samir Flores, hecho que no se atribuyó directamente al gobierno pero que sí pudo haber surgido del clima de conflicto que propició López Obrador con sus palabras, que fueron aprovechadas por grupos interesados en atizar el descontento social. Por su parte, la situación del Tren Maya es altamente similar, ya que desde un inicio se aseguró que esta obra se construirá truene, llueva o relampaguee, griten o pataleen, sin importar las numerosas opiniones y oposiciones que desde las comunidades se han dado, siempre en pro de la defensa de los modos de vida indígenas y de la flora y fauna silvestre, e incluso los múltiples amparos realizados contra esta obra. Dicha posición se puede observar además en otros funcionarios, como es el caso de Víctor Toledo Manzur, titular de la Semarnat, quien el pasado mes de febrero expresó frente a académicos y activistas que acudieron al foro Naturaleza, derechos indígenas y soberanía nacional en el Istmo de Tehuantepec que había que adoptar posiciones maduras frente a los megaproyectos porque éstos van a ir, indudablemente van a ir.

Con todo esto, notamos como la situación de la construcción de megaproyectos en México se mueve entre los intereses del capital, local y foráneo, y los de la sociedad, como pasa con muchos otros aspectos en este gobierno, dando paso a una gran confusión en cuanto al cambio que se pretende llevar desde el Estado y a los sectores que se busca impulsar. Pese a la buena voluntad que ha expresado López Obrador para tratar de cambiar viejas prácticas en este ámbito, la realidad es que se ha encontrado de frente con años y años de corrupción, de prácticas clientelares y de conformación del poder empresarial que pugna de manera altamente efectiva por la realización de sus intereses. Además, es claro que López Obrador no está totalmente en contra de los megaproyectos ni es ajeno a las prácticas y problemas que conlleva su realización, aspecto que se pudo notar desde su mandato como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el que impulsó múltiples obras como la construcción del Puente de los Poetas para la accesibilidad de Santa Fe, la Línea 1 del Metrobús, el Tren Suburbano o los cambios de uso de suelo para la construcción del Nuevo Polanco, donde se han creado grandes desarrollos urbanos, ninguno exento de conflictos.

Pero no es solamente el enorme poder de presión con el que cuentan los grandes empresarios, sino que también hay que agregar la complicidad del Estado, que claramente prioriza ciertos proyectos por encima de otros, chocando muchas veces con su discurso de respeto e integridad moral, situación que hoy en día está en boca de todos al considerar las dificultades de construcción del Tren Maya y a los verdaderos beneficiarios de éste. Situación que además se agrava debido al contexto de pandemia mundial donde, pese al riesgo, el rubro de la construcción ha sido incluido como parte de las actividades esenciales que deben ser reactivadas a la brevedad, exponiendo la salud de los trabajadores involucrados, aprovechando su necesidad de empleo y remuneración, y develando aún más la importancia que ha adquirido este sector para el dinamismo de la economía mexicana. Lo cierto es que algunos megaproyectos son necesarios para el gobierno, ya que suelen ser presentados como emblemas físicos de los avances y el progreso de una administración específica, en este caso de la 4T, y le permite hablar de un legado para el país. El problema es que este legado continúa enfocándose más a las necesidades de los grandes capitalistas y al disfrute de las clases altas y de los turistas, nacionales y extranjeros, mientras que las necesidades, opiniones y modos de vida de los locales quedan, como siempre, relegadas a un segundo plano.


Diego Soto Pereira

Licenciado en sociología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestrante en Estudios Latinoamericanos por la misma institución.

diego.soto.p91@gmail.com

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