Genaro García Luna: Geopolítica, Seguridad Nacional y Narcotráfico

El 10 de diciembre de 2019 la justicia estadounidense detuvo en Dallas, Texas, a Genaro García Luna, quien fungió como Secretario de Seguridad Pública Federal durante el periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2012.

De acuerdo con el Fiscal Richard P. Donoguhe y el Departamento de Justicia, derivado de una serie de averiguaciones y de los testimonios rendidos en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera «El Chapo»: Genaro García Luna es acusado, en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, por recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, a cambio de permitir que la organización traficara drogas ilegales sin obstáculos hacia Estados Unidos, y de brindarle protección, al proporcionarle datos clasificados sobre las investigaciones del cártel, a la vez de que ambas partes intercambiarían información sobre los demás grupos de la delincuencia organizada. De igual forma, a Genaro García Luna se le imputa un cargo por emitir declaraciones falsas cuando solicitó su naturalización ante autoridades estadounidenses negando su participación en hechos delictivos.

En efecto, tiempo atrás en la misma corte, el narcotraficante Jesús Reynaldo Zambada García «El Rey», confesó haber entregado 2 veces, de manera directa, una suma considerable de dinero en efectivo a Genaro García Luna a nombre de Ismael Zambada García «El Mayo», capo del Cártel de Sinaloa. La primera suma fue de 3 millones de dólares, en 2005, cuando Genaro García Luna se encontraba al frente de la antigua Agencia Federal de Investigación (AFI), de la ahora Fiscalía General de la República (FGR). La segunda cantidad correspondió a 5 millones de dólares, en 2007. El Rey Zambada también aseguró que Genaro García Luna aceptó pagos de los hermanos Beltrán Leyva.

Genaro García Luna, responsable de preservar la Seguridad Pública en México, controlar la Policía Federal y participar en el mantenimiento de la Seguridad Nacional, fue pieza clave del gabinete del antiguo régimen de Felipe Calderón Hinojosa. Su captura hizo especular sobre los vínculos entre dicha administración y el crimen organizado; en específico, con el Cártel de Sinaloa. Además, sin duda alguna, reabrió el debate sobre el significado de La Guerra contra el Narcotráfico en México.

La Guerra contra el Narcotráfico fue una estrategia de ataque frontal efectuada por Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, a inicios del mandato, con la finalidad de combatir a los cárteles y capturar o abatir a sus líderes a través del ejercicio coercitivo legítimo del Estado mediante el empleo del Ejército, Marina Armada, Fuerza Aérea, Policía Federal y las instituciones de seguridad de los 3 Órdenes de Gobierno; con la directriz de Estados Unidos, argumentando que el crimen organizado buscaba el control territorial.

Pensar en La Guerra contra el Narcotráfico en México, significa, comprender el factor Estados Unidos como hegemonía del Sistema Internacional a inicios del siglo XXI. Con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos identificó una serie de nuevas amenazas para su Seguridad Nacional, en virtud de seguir garantizando sus designios geopolíticos en Medio Oriente y en América Latina: el terrorismo internacional en cualquier expresión y la delincuencia organizada transnacional.

Para efectos de este apunte, la conceptualización Seguridad Nacional, hace referencia a las acciones ejecutadas por un Estado que tienen el objetivo de garantizar su soberanía, integridad y permanencia ante amenazas, protegiendo la libertad y el bienestar de su población, así como sus principios democráticos y constitucionales mediante la defensa legítima estratégica, coadyuvando así a la conservación de la estabilidad del Sistema Interamericano. Esta, con base en la obra Sociología del Imperialismo de Octavio Ianni, se condiciona en términos de las doctrinas ideológicas e intereses que Estados Unidos posee en América Latina, su espacio vital, teniendo como base el nivel de dependencia e ideología política interna del momento de cada país de la región.

De modo que, el terrorismo internacional, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos resultaron ser los nuevos desafíos de la Seguridad Nacional de Estados Unidos; por ende, de las naciones del hemisferio, entre ellas México. Bajo esa coyuntura la supremacía estadounidense, dirigida por la gestión del Presidente George W. Bush, echó mano de su política exterior y de su diplomacia institucionalizando dichos enemigos, a partir de octubre de 2003, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la aprobatoria de la Declaración sobre Seguridad en las Américas.

A ese contexto se sumó el flagelo que padecen las instituciones civiles del orden de la mayoría de las naciones latinoamericanas: corrupción, debilidad e incapacidad para responder al incremento de la inseguridad y de la criminalidad. Es dentro de esas circunstancias, que Estados Unidos se volvió artífice de la intervención de las Fuerzas Armadas en la ejecución de las políticas regionales antidrogas, de combate a la delincuencia organizada transnacional, de las tareas de Seguridad Pública y del cumplimiento del Estado de Derecho.

En el caso concreto de México, nación de origen y tránsito de estupefacientes, sus aparatos judiciales y de inteligencia, creados en tiempos del partido único de Estado con el objetivo de vigilar a la oposición política, se vieron rebasados por el crecimiento exponencial de los cárteles del narcotráfico a consecuencia de que no contaban con el conocimiento requerido para mitigar a una entidad no estatal, paramilitar, de carácter novel, que comenzaba a sofisticarse adoptando como mecanismos de poder: el uso de la violencia desmedida, el terror y la capacidad financiera corruptora. De ahí que, por su disciplina, organización en 46 zonas militares y despliegue en todo el territorio nacional, las Fuerzas Armadas Mexicanas fueran el recurso táctico del Estado.

En ese sentido, teniendo en mente a John Saxe Fernández, en términos de la Guerra No Convencional, Estados Unidos contempló también dentro de los parámetros de su Seguridad Nacional el estudio empírico de los cárteles y su ímpetu de repuesta ante el poder coercitivo, así como el análisis de la capacidad de contrainsurgencia del aparato militar del Estado Mexicano. En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia, entre otras dependencias estadounidenses, encontraron la coyuntura oportuna para realizar esa operación por medio de La Guerra contra el Narcotráfico: en el terreno del operativo Rápido y Furioso, armar a los cárteles; mientras en el de la Iniciativa Mérida, proporcionarle al Gobierno Federal entrenamiento, armamento y equipamiento para enfrentarlos.

Es así que La Guerra contra el Narcotráfico fue un dispositivo de Estados Unidos, valiéndose de funcionarios corruptibles como Genaro García Luna, para entender cómo enfrentar a los cárteles y qué acciones teóricas-estratégicas ofensivas y defensivas aplicar en caso de una contingencia crítica evitando así un fracaso militar; como en su momento lo fue la experiencia histórica de la lucha contra el Vietcong en Vietnam. Al tiempo que se justificó la expansión del Complejo Militar-Industrial-Científico-Tecnológico-Financiero, concepto empleado por Óscar Ugarteche Galarza, y la injerencia en las decisiones internas del Gobierno de México. De ahí las palabras de la ex embajadora estadounidense Roberta S. Jacobson «conocíamos las andanzas de García Luna…pero debíamos trabajar con él». Por su parte, Felipe Calderón Hinojosa, encontraría en La Guerra contra el Narcotráfico y en Estados Unidos, un mecanismo de legitimidad sofocando el conflicto de la lucha de clases ante la desaprobación de la ciudadanía.

Ahora, Genaro García Luna, quien creyó permanecer impune, prueba suerte contra la justica de la potencia mundial, como en su momento —planteando la comparación— lo hizo Osama bin Laden, enemigo número 1 de Estados Unidos, después de que la CIA lo entrenara junto a su grupo de muyahidines para enfrentar a la extinta URSS en Afganistán; ambos fueron simples herramientas de los intereses geopolíticos estadounidenses.

La Guerra contra el Narcotráfico en México costó vidas humanas, agudizó el desmembramiento del tejido social, contribuyó al recrudecimiento de la violencia, desplazó a comunidades de su lugar de residencia e intensificó la expansión del narcotráfico en el territorio nacional. En lo que respecta al Cártel de Sinaloa, la empresa criminal sigue manteniendo su poder como lo demostró en Culiacán, el 17 de octubre de 2019, impidiendo la captura de Ovidio Guzmán López, además tiene presencia a nivel internacional en el 70% de los países del mundo, según el Instituto de Análisis para la Defensa (IDA, por sus siglas en inglés).

Con la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, La Guerra contra el Narcotráfico en México concluyó de manera oficial, aunque sólo en el discurso, en la praxis las Fuerzas Armadas continuarán realizando esas tareas bajo la presión de Estados Unidos, por ello la necesidad del Ejecutivo Federal de darle otra imagen a las instituciones de seguridad en el régimen de la 4T, con la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional (GN) brindándoles, por decreto, certidumbre jurídica justo como en días recientes se informó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).


Alan Aguilera Miranda

Internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Política Exterior de México y Negocios Internacionales.

aguilera.miranda.alan@gmail.com

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