¿Piso parejo en el sector energético?

Desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DoF) la semana pasada el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, por el que se suspenden las pruebas para nuevas centrales eléctricas y eólicas, el sector empresarial y la oposición al actual gobierno han condenado dicha acción, señalando que se violenta el Estado de derecho y la certeza jurídica, así como la libre competencia dentro del sector energético mexicano, tampoco han faltado los argumentos ambientalistas que señalan al Gobierno Federal por dar prioridad a la utilización de combustibles fósiles altamente contaminantes sobre las energías renovables.

Que la Secretaría de Energía actuó sin respetar los procesos legales normativos es un argumento válido, ya que se contravienen los esquemas de revisión para propuestas regulatorias contenidos en el artículo 71 de la Ley General de Mejora Regulatoria, de hecho, ese fue el principal motivo por el que jueces federales otorgaron a diversas empresas la suspensión temporal contra dicho acuerdo, lo cual obligó al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a recular sobre el mismo.

Sin embargo, el argumento referente a la libre competencia resulta falaz si tomamos en cuenta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no es el gigante paraestatal que alguna vez fue y que, a partir de la Reforma Energética de 2013 y por el abandono en el que la dejaron gobiernos pasados, ha perdido cada vez más la capacidad para competir en igualdad con empresas particulares nacionales y trasnacionales.

Desde que se permitió la participación de particulares en el sector energético se aseguró que las empresas paraestatales como Pemex y CFE competirían en el mercado en igualdad de circunstancias, sin embargo, se les retiraron recursos y se dejó de invertir en infraestructura y mantenimiento, con miras a que paulatinamente tuvieran menos participación en el mercado y terminaran en la quiebra. El argumento al que recurrirían los defensores de la privatización sería que no fueron lo suficientemente competitivas en el mercado. Sin embargo, ¿cómo puede una empresa ser competitiva bajo esas condiciones?

Que la producción de petróleo crudo de 2007 a 2018 haya caído de 3 mil 76 a mil 833 millones de barriles diarios y que la CFE haya disminuido su participación en el mercado hasta 50%, no es una casualidad, en sexenios anteriores existía un plan bien orquestado desde los niveles más altos del gobierno mexicano para desmantelar a las empresas paraestatales y privatizar en su totalidad los sectores energético y petrolero. El abandono fue deliberado.

La privatización de las paraestatales de México se ha dado de una forma silenciosa y tras una cortina de humo que intenta hacer ver a la población que los recursos energéticos continúan siendo propiedad de la nación. Se comienza a través de la división de las empresas y la creación de subsidiarias, para después dar paso a su concesión a grandes empresas particulares, nacionales e internacionales, a través de contratos preferenciales que dejan a las paraestatales en situación de vulnerabilidad.

De ninguna forma podemos hablar de piso parejo cuando a la CFE se le ha obligado a comprar y distribuir el excedente que las empresas privadas producen, mientras que éstas, bajo el esquema de autoabasto, no pagan por el uso de su infraestructura y, además, se ven favorecidas por las bajas tarifas por el concepto de transmisión. No hay competencia entre iguales si la CFE debe vender la electricidad por debajo de sus costos de generación y transmisión y distribución mientras que, al mismo tiempo, está comprometida a pagar a empresas privadas por la capacidad de generación disponible, independientemente de si genera o no electricidad.

Nos encontramos ante una situación de competencia desleal que está generando enormes pérdidas para la CFE, mientras que las empresas privadas continúan enriqueciéndose de forma parasitaria y a expensas del erario. De haber continuado por ese camino, ¿Cuál sería el siguiente paso?, ¿vender al sector privado la red de infraestructura eléctrica nacional para dar por sepultada a la paraestatal?

Que las energías renovables deban tener cada vez una mayor participación en el consumo total de electricidad de nuestro país no es el tema discusión, sino que los contratos otorgados a las empresas privadas generadoras de energía propician una competencia desleal en perjuicio de la CFE y con miras a su desaparición. Sin embargo, la iniciativa privada no ha dudado en señalar al gobierno federal de ecocida por, supuestamente, ‘desmantelar el sector de energías renovables’ y privilegiar las energías contaminantes. Nada más falso y mezquino.

En palabras del Dr. Alfredo Jalife Rahme, nadie está en contra de las energías renovables y del progreso, sin embargo, las energías renovables son aún muy caras y no tienen la capacidad de abastecer al mundo de energía, mucho menos a una economía industrial como en la que nos encontramos hoy. Eventualmente tendrá que surgir algún nuevo recurso que sustituya a las energías fósiles, pero hoy, a corto, mediano y largo plazo, los combustibles fósiles continuarán siendo recursos primordiales y estratégicos para el abastecimiento global de energía. La reciente recuperación de los precios del petróleo y la importancia geopolítica que se le sigue atribuyendo en todo el mundo es muestra de ello.

La transición hacia una economía libre de carbono no sólo es deseable, sino también necesario, sin embargo, para garantizar el abastecimiento permanente de energía eléctrica a todo el país, lo que las energías limpias no pueden hacer debido a su intermitencia, es decir, siempre necesitarán un respaldo energético, ya que sin viento o sol simplemente no pueden generar electricidad.

La participación de la iniciativa privada en el sector energético no debe ser estigmatizada, al contrario, debe promoverse a fin de garantizar el abastecimiento continuo, seguro y de calidad de energía eléctrica, siempre y cuando haya un verdadero piso parejo que permita a la paraestatal competir en condiciones justas y de igualdad. No podemos permitir que el interés monetario se sobreponga al interés público.


César Salazar

Asesor político e internacional. Maestro por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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