Inmunización de los Derechos Humanos al coronavirus

Desde el inicio de la propagación de coronavirus a nivel mundial, a mediados de noviembre del año pasado, la Organización de las Naciones Unidas ha hecho varios llamados a los miembros de la comunidad internacional, y en particular a los Estados, para que la respuesta frente al COVID-19 desde cualquier ámbito de gobierno y política pública se realice siempre con perspectiva de derechos humanos.

Los países asiáticos y europeos en los cuales comenzó la evolución del virus y los padecimientos en las personas que se encontraban en esos territorios, si bien tenían presente los exhortos realizados por Naciones Unidas, también es cierto que no contaban con una herramienta de política pública internacional, que permitiera atender un listado de acciones de gobernanza que tuviera como eje transversal la perspectiva de derechos humanos.

Para el caso del continente americano todo fue diferente, debido a que antes que comenzarán las medidas de contingencia y estado de excepción para frenar la tendencia de contagios dentro de la mayoría de los países de la región, se contaba con mucha más información en todos los ámbitos, específicamente en materia de salud pública y derechos humanos, por lo cual los Estados contaban con datos suficientes que podían incorporar para preparar una intervención ordenada, organizada y sobre bien planeada.

Para el caso de la inclusión de la óptica de los derechos humanos como eje transversal de la política pública de los Estados en sus intervenciones dentro del escenario de la pandemia, el 6 de abril del año en curso, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas publicó las Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19.

Ese documento organiza lo expresado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Procedimientos Especiales, Órganos de Tratado y otros mecanismos y redes respecto a diversos temas y constituye una serie de precisiones esenciales sobre elementos de derechos humanos que se deben tomar en cuenta en la atención a la crisis por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, el cual presenta un listado de acciones enunciativo, que se irá nutriendo a partir de lo que las expertas y los expertos de derechos humanos de Naciones Unidas vayan publicando.

Todos los temas que abordan las directrices son de gran importancia para el respeto, la promoción, la garantía y la protección de los derechos humanos en los Estados, en atención a las características de la naturaleza jurídica de esos derechos, debido a que: son para todas las personas, no pueden ser desagregados o segmentados para su ejercicio, todos los derechos dependen unos de otros, y su ejercicio de ninguna manera puede regresar a un estado de reconocimiento anterior al actual.

Sin embargo, hay algunos de estos componentes que no los tienen presentes los Estados, y si en algún momento han sido identificados, a la fecha no han puesto especial atención en respetarlos, por lo cual se considera necesario realizar un análisis de las acciones más importantes que deben de implementarse en relación con cada uno de los rubros de intervención, con la finalidad que tanto las personas como los Estados conozcan el piso mínimo de derechos que deben ser garantizados.

Las directrices constan de siete apartados: estados de alarma, excepción y otras figuras análogas; impartición de justicia; deber de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad; no discriminación; personas defensoras de derechos humanos; derechos a la información, a la libertad de expresión y a la participación; y derechos económicos, sociales y culturales.

Para los estados de alarma, excepción y otras figuras análogas deben privilegiarse tres aspectos fundamentales: el primero, debe tratarse en todo momento como una situación extraordinaria y de ninguna manera debe convertirse en un estado permanente; el segundo, el principio supremo debe ser que las medidas de emergencia se apliquen con sentido humanitario y que los gobiernos deben hacer un llamado a la solidaridad al interior de sus respectivos países; y el tercero, los gobiernos deben de informar en forma clara y sencilla a la población el significado del estado de emergencia.

Por lo que hace a la impartición de justicia es importante que se garantice el acceso a la justicia para los asuntos considerados urgentes o prioritarios como pueden ser el interés superior del menor dentro una controversia de esta naturaleza; así como sacar provecho del uso de herramientas tecnológicas, con la finalidad de continuar con las actividades jurisdiccionales que sean necesarias para garantizar los derechos de las personas.

En cuanto hace al deber de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad señala los siguientes grupos: personal de salud; personas con discapacidad; movilidad humana; minorías; personas adultas mayores; género; niños, niñas y adolescentes; personas privadas de su libertad; pueblos indígenas; igualdad y equidad racial, y personas LGBTI. Entre las acciones para estos grupos de personas contempla que no debe de negarse la atención médica; que las instituciones nacionales de derechos humanos pueden identificar otros grupos que también se encuentren en riesgo; y es mandatorio, en todo momento, garantizar las medidas de protección social que les permitan continuar con las medidas de apoyo durante la crisis.

Respecto a la no discriminación contempla el firme compromiso de los liderazgos políticos para frenar los discursos de odio que estigmatizan a las personas por cualquier motivo para no ser tratadas en un plano de igualdad; así como que la retórica y las políticas que avivan el miedo y disminuyen la igualdad son contraproducentes para el desarrollo de un estado garantista promotor de los derechos humanos.   

En relación con las personas defensoras de derechos humanos contempla que las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para ayudar a los Estados a enmarcar políticas inclusivas; que deben preverse medidas de exención para este grupo debido a que es un elemento primordial para facilitar la perspectiva de derechos humanos; y algo que no menciona el documento pero que se considera sumamente importante, es la garantía de la integridad y la seguridad de las personas defensoras por encontrarse en un momento de mayor vulneración.

A propósito de los derechos a la información, a la libertad de expresión y a la participación resalta que la transparencia es una cualidad fundamental para empoderar a las personas y alentarlas a participar en las medidas orientadas a proteger su estado de salud; que los gobiernos de todo el mundo están obligados a proporcionar información fidedigna en formatos accesibles para todos; así como que la salud humana depende del acceso a la información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a sus familias y a su comunidad.

Finalmente, los derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales contempla para el caso de la pandemia el derecho a la salud, a la vivienda, al agua, a la alimentación, a un medio ambiente sano, impacto económico y desigualdad, y alivio de sanciones. Si bien es cierto que desde el panorama de los elementos característicos de los derechos humanos no debe hacerse una distinción entre unos y otros, para la contingencia actual revisten especial importancia estos derechos sobre todo por el cumplimiento de las medidas de mitigación de propagación del virus como son el quedarse en casa, el cual implica contar con una vivienda digna; el lavado de manos, que implica tener acceso continuo, suficiente y asequible a agua potable;  y una buena alimentación, con la finalidad de evitar un medio propicio para la transmisión del virus y fortalecer el sistema inmunológico de las personas.

Es por ello, que desde la rectoría de los organismos internacionales deben ser incorporadas este conjunto de medidas en el plano nacional por los Estados, con el objetivo de no desatender ninguno de los componentes de la perspectiva de derechos humanos dentro del contexto de la pandemia por coronavirus, lo cual permite que las garantías fundamentales de las que gozan todas las personas no se vean menoscabadas por la atención de los Estados a esta emergencia sanitaria, y por consecuencia, que el catálogo de los derechos humanos sea inmune al efecto adverso del agente infeccioso del COVID-19.


César O. Castro Márquez

Especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, Académico y Activista.

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