Geopolítica y servilismo en el combate al narcotráfico en México

Hoy día es un sentido común afirmar que, a partir de los ataques terroristas del 11/09 de 2001, Estados Unidos abandonó sus prioridades geopolíticas y estratégicas en América para concentrar todas sus energías en las sucesivas invasiones de Irak y Afganistán, dejando, en esta región de Occidente, un enorme vacío de poder que, a la postre, terminó por ser ocupado por una diversidad y una multiplicidad de fuerzas políticas. Es a partir de ese juicio, por ejemplo, que se suele aseverar que los éxitos de los gobiernos progresistas (desde Chávez hasta Múgica, pasando por Da Silva, Morales, Kirchner, Correa, etc.), y el hecho mismo de que estas personalidades fuesen capaces de constituir sus plataformas de gobierno tal y como lo hicieron, en primer lugar, fueron producto y posibles gracias a la salida de Estados Unidos de la zona y su redireccionamiento hacia Oriente Próximo.

Ese tipo de análisis, además, suele justificar la enorme profusión de violencia criminal que emergió a lo largo y ancho de América Latina, desde la frontera Norte de México hasta el Cabo de Hornos, en el Sur del continente, argumentando que eran las estrategias de combate al crimen organizado transnacional —deseñadas por los aparatos de inteligencia estadounidenses y ejecutadas por los actores locales en la región, a través de sus instituciones castrenses y policiacas— las únicas barreras de contención efectivas en la mitigación de la violencia criminal y todos sus efectos adyacentes. Al haber concentrado sus fuerzas armadas y una enorme proporción de recursos (humanos, materiales, financieros, diplomáticos, etc.) en dos guerras que se prolongaron por más de una década —se afirma— se les quitó financiamiento, armamento, instrucción y adiestramiento a los gobiernos de América y a sus instituciones encargadas de asegurar esa supuesta monopolización legitima de la violencia en el aparato de Estado.

Hay en ese proceder, no obstante, un error de interpretación y procedimental en el análisis de las formas de dominación y los dispositivos de poder desplegados por las intervenciones geopolíticas en América y en el mundo. Y es que, en efecto, lejos de abandonar a América a su suerte, y de crear, con su reorientación hacia Oriente Medio, una suerte de vacío de poder en la región, Estados Unidos sustituyó, en gran medida, sus viejos mecanismos de control directo de los aparatos de Estado latinoamericanos, en general; y de sus instituciones militares (ejército, marina, fuerza aérea, policías militarizadas, etc.), en particular; por la regulación de los efectos desencadenados por la generalización de la guerra en contra del crimen organizado transnacional en el continente. Y, sobre todo, en lo que concierne a la guerra en contra del narcotráfico: sustituto directo del enemigo comunista (desde la caída del bloque soviético), en el plano regional, que no muy tarde terminó por articularse con ese otro gran enemigo que sustituyó al comunismo en el plano global: el terrorismo fundamentalista.

Ahora bien, sobre ese segundo enemigo son múltiples y diversas las pruebas que dan muestra del rol elemental que jugaron los aparatos de inteligencia de Estados Unidos para formar, desde la nada, a grupos de guerrilleros fundamentalistas con el objetivo, primero, de hacer frente a la expansión del bloque soviético sobre el centro de Asia; y en seguida, de fragmentar a las propias sociedades de Oriente Medio practicantes del Islam. Las declaraciones de Henry Kissinger (Secretario de Estado de Nixon y Ford) y de Zbigniew Brzezinski (asesor de Seguridad Nacional de James Carter), al respecto, son apenas una muestra de ello. Y la sistematización teórica de Samuel Huntington con su famoso choque de civilizaciones no es más que el esfuerzo tardío de justificar y legitimar en el plano intelectual e ideológico una dinámica que ya en los hechos se llevaba a cabo.

En el caso del narcotráfico internacional en América, por otro lado, aunque las pruebas documentales y periodísticas sobre los flujos de dinero desde la economía criminal hacia la economía legal son cada vez más abundantes, por principio de cuentas, el grueso de esa documentación termina por ser aceptada en el imaginario colectivo nacional de las distintas sociedades latinoamericanas como meras especulaciones o teorías de conspiración, sin ninguna validez ni veracidad para demostrar que, en efecto, la economía criminal sirve de soporte para una infinidad de actividades legales en el plano empresarial y político de distintas geografías del mundo. Pero, además, mostrar los nexos entre la clase política, el empresariado y los cárteles de la droga, cuando no ha sido una tarea que termina indefectiblemente con el asesinato de las personas que se atreven a sacar a la luz dicha información, al final suele quedar en una anécdota más del extenso registro de actos de corrupción perdonados porque se argumenta que la parte no es representativa del todo.

Se olvida, por ejemplo, en el caso de México, operaciones como Rápido y Furioso, que aunque terminó por justificarse por parte del gobierno de Estados Unidos como un fenómeno anormal, un error y en ultima instancia un acto de corrupción o de franca torpeza, al final, su despliegue sirvió para armar de manera directa a distintos miembros de células criminales encargadas, antes que del trasiego de estupefacientes y otros enervantes hacia la Unión americana, de otras actividades como el secuestro, la desaparición, el asesinato, la tortura, el renteo, etc., es decir, actividades con un alto grado de violencia en su comisión. Pero se olvida, además, que estrategias de cooperación militar como la Iniciativa Mérida, a través de la cual se concedió a México una enorme cantidad de recursos materiales y de transferencia de conocimientos en la materia, sirven, por donde se las mire, para mantener y regular los efectos de la guerra contra el narco como un dispositivo de intervención geopolítica sobre América.

No debe de olvidarse, después de todo, que la violencia criminal y las crisis de inseguridad, en el marco del capitalismo contemporáneo, funcionan, antes que como una salvedad a la regla del funcionamiento normal y estable del sistema y del mercado, como un de sus mas efectivos dispositivos de dominación. El gobierno de las poblaciones a través de la crisis y de la violencia generalizada, y no el gobernar a las crisis y a la violencia, son hoy la regla y no la excepción.

Y por eso, en última instancia, no debería de olvidarse, tampoco, que cuando Roberta Jacobson declara en entrevista (o en cualquier otro foro público, pues al final ya no forma parte de la estructura institucional de su gobierno) que en la administración estadounidense se tuvo, siempre, conocimiento de los nexos de Genaro García Luna con los cárteles del narco, y que a pesar de ese conocimiento (que hizo extensivo a la totalidad del gobierno de Felipe Calderón, sin mencionarlo a él en primera persona) se decidió trabajar con él y con todo el gobierno de México, lo que en realidad está dejando entrever es que la cooperación entre su gobierno y el de Felipe Calderón no tenía el propósito de erradicar el narcotráfico, sino el de emplearlo para poder acelerar algunas dinámicas del funcionamiento de la economía neoliberal que precisaban de la violencia generalizada en el país para apropiarse de territorios, desplazar comunidades, avanzar en la mercantilización de la vida cotidiana, ampliar el marcado de cuerpos y agudizar las ganancias a lo largo de la cadena de valor de la economía criminal en el rubro de los narcóticos, etcétera.

Si su gobierno lo supo siempre (y en la obtención de información clasificada los servicios de inteligencia de Estados Unidos se pintan solos), y nunca lo dijo (por lo contrario, mintió al afirmar que el gobierno de Calderón estaba haciendo esfuerzos importantes para cambiar la histórica colusión de los viejos regímenes con el narco), eso se debe, sencillamente, a que los dividendos del control geopolítico de la región (y del petróleo mexicano) eran mucho más grandes que los costos en vidas humanas. Por ello, no habría que perder de vista que su cinismo no es mejor que la hipocresía de la respuesta de Calderón. Y es que en la respuesta del exmandatario sólo se dejan observar dos posibilidades: a) si su gobierno sabía de los nexos de García Luna (y/o de otros funcionarios) y no hizo nada, toda la narrativa de su guerra no fue más que el pretexto para acelerar la descomposición social en el país para profundizar el arraigo del neoliberalismo en la vida cotidiana de México; y, b) si no sabía (lo cual es dudoso dada la profunda centralización del presidencialismo mexicano) entonces el versión que dio durante su sexenio Calderón, sobre los esfuerzos unificados de su gabinete y los poderes del Estado, en el nivel federal, en el combate a la criminalidad, fueron igualmente mentira (lo cual se suma a su ineptitud, por no estar al tanto de lo que ocurría con su colaborador más próximo).

Cualquiera que sea el caso una cosa es segura: su servilismo y su guerra ficticia en contra del narcotráfico legitimaron la intervención geopolítica de Estados Unidos en México, situación que le sirvió tanto a las élites estadounidenses como a las mexicanas para detener las dinámicas de resistencia social que en el Sur del continente ya comenzaban a proliferar en gobiernos progresistas.


Ricardo Orozco

Internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Grupo de Trabajo «Geopolítica, integración regional y sistema mundial», del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

@r_zco

Publicado por CELAEI

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