La despreciable obsesión por el crecimiento económico en México y América Latina

El crecimiento económico ha sido utilizado de manera tradicional para señalar el progreso de la sociedad y de los países desde la edad moderna. Hoy en día, el tema económico es la segunda mayor preocupación en la agenda del gobierno federal mexicano, solo después de la seguridad. Nuevamente la economía nacional y específicamente la intranquilidad generada por las bajas tasas de crecimiento económico, vuelven a hacer eco en el eje central de la política mexicana. Tanto es así, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha ordenado la formación de un Gabinete para el Crecimiento Económico”, que anunció será coordinado por el jefe de la presidencia, Alfonso Romo y que tendrá como misión fomentar las inversiones y el crecimiento económico.

Se toma esta decisión luego de que en el primer año de gobierno de la autonombrada Cuarta Transformación los pronósticos, cálculos y resultados relacionados al crecimiento fueron desfavorables. Tanto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como el Banco de México, coincidieron con la tasa de medición que osciló entre el 0 y 0.2% (INEGI, PIB y Cuentas nacionales, 2019), aún sin una cifra oficial constituida y definitoria para el año reciente.

La media de crecimiento en América Latina fue de 0.1% de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en el mismo periodo. Entre las causas o factores internos de este estancamiento en la economía mexicana, se encuentra una baja en la demanda interna asociada fuertemente con tasas de inversión a la baja, y por ende menores tasas de producción y consumo. Como factores externos a la misma, se ubican principalmente la percepción de riesgo global derivada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como la incertidumbre que generó el proceso de ratificación del T-MEC y la desaceleración de la economía estadounidense. Para este 2020, las primeras mediciones y proyecciones indican que las tasas de crecimiento mexicanas superarán apenas el 1.3% (CEPAL, 2020).

Sin embargo, pese a todas estas mediciones y predicciones, el debate omite (como en tantas políticas que se llevan a cabo), los paradigmas en constante evolución a nivel internacional. El crecimiento económico como indicador fundamental para comparar el avance de los países en materia económica, fue la moda durante el siglo XX. Los grandes centros de pensamiento y las escuelas económicas en todo el mundo pusieron a competir a los países en una dinámica de acumulación de la riqueza que se basó en el incremento de actividades económicas en lapsos de un año, para enaltecer e imponer modelos industriales y dinámicas comerciales que fueran complacientes con las tendencias capitalistas internacionales.

Autores contemporáneos como Richard Peet y Elaine Hartwick, señalan algunas de las ambigüedades de este parámetro que contempla las actividades económicas que se contabilizan dentro de la economía formal, pero que no es capaz de registrar actividades económicas que ocurren todo el tiempo fuera de la contabilidad estatal (Peet & Hartwick, 2015). En otras palabras, el tamaño de una economía se ha basado durante más de un siglo en un enfoque de ingresos formales que alcanza a registrar el gobierno, pero de manera casi arrogante se desprecia al grueso de la economía informal, casi negando su existencia en las anotaciones oficiales. Estimaciones de la CEPAL y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseveraron en 2015 que había más de 140 millones de trabajadores informales en América Latina. Es decir, en términos porcentuales, más de la mitad de los trabajadores de la región se encuentran generando ingresos fuera de la óptica fiscal de los gobiernos.

La aproximación que realiza el INEGI en México sugiere que alrededor del 60% de los trabajadores a nivel nacional se encuentran en la misma situación. Además, los datos del año 2018 atribuyeron la quinta parte de la economía nacional a la economía informal (INEGI, Medición de la Informalidad, 2019). Aunque, como señala el Instituto y varios autores, la medición puede ser muchísimo mayor (Milanovich, Peet, Piketty).

La máxima prioridad del crecimiento económico también pierde vigor cuando instituciones internacionales que conllevan su contabilidad generan cuestionamientos, recomendaciones e incluso prototipos económicos interesantes y hasta contradictorios. La amenaza de recesión del año 2019 por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, además de la fuerte desaceleración en economías pilares del mundo como Taiwán y Alemania, orilló a organismos internacionales a cambiar recomendaciones para los países con respecto a sus estrategias económicas relacionadas con el gasto. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no goza precisamente de buena aceptación social en América Latina, fue ambivalente en sus recomendaciones hacia los países en este año 2019.

Con México, Uruguay y Colombia, por mencionar algunos, la recomendación oficial del FMI para principios de 2019 fue aumentar el gasto público acompañado de reformas fiscales que impulsaran o mantuvieran el crecimiento económico.Con respecto al caso de México se recomendó incluso aumentar el gravamen en alimentos, con el objetivo de reducir la dependencia de los ingresos petroleros para el fisco. No obstante, el FMI fue mucho más severo con países con los que de por sí ya tenía una mala reputación. Para Ecuador, Chile y Argentina las recetas de austeridad y recortes al gasto social ponen en evidencia en el poco interés del organismo por el bienestar de la población ante las exigencias de crecimiento económico, pese a los aumentos de pobreza que estas medidas han generado.

Tan solo en Argentina los recortes a gastos sociales y finalización de subsidios implementados por el expresidente Mauricio Macri, ocasionaron que el peso haya perdido más del 50% de su valor, así como tasas de inflación disparadas, y fuga de capitales. La población argentina es en la que más repercutieron estas malas decisiones impuestas desde organismos internacionales. De acuerdo con datos de el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la pobreza sigue en aumento y ya abarca a poco más de un tercio de la población y equivale a casi 16 millones de argentinos.

En algunos sentidos, México se muestra renuente a seguir las recomendaciones del Fondo Monetario, debido a que los pequeños ajustes en materia fiscal no fueron de la envergadura que sugirió el organismo internacional. Incluso el presidente en más de una ocasión reviró las estimaciones de crecimiento con el FMI en contraste con sus propias estimaciones. Sin embargo, a inicios de 2020 el gobierno de México sí está priorizando, tal vez por la presión pública y política, el tema del crecimiento económico en su agenda, con acciones como la comisión recién creada el 29 de enero.

A pesar de que el presidente ha arremetido en contra de organismos internacionales que apuntaron los pronósticos de bajo crecimiento del año pasado, sí empata con dichos organismos en priorizar esta medición como un indicador absoluto de mejoría en la economía. El disentimiento económico con los empresarios, en la práctica más no en el discurso, generó falta de inversión y un estancamiento en el florecimiento de actividades productivas y por ende en la contabilidad que exige el crecimiento económico.

La búsqueda por reactivar estas actividades ahora se proyecta como una de las metas en el corto plazo para el gobierno mexicano. Aunque por otra parte se habla de estancamiento económico en las actividades productivas, y al mismo tiempo las instituciones bancarias privadas obtuvieron ganancias por más de 135 mil millones de pesos hasta octubre del mismo año y un crecimiento que oscilará entre el 2 y 4% estimado con cifras parciales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB).

El panorama recae directamente en la necedad de los formuladores de políticas públicas en fortalecer dinámicas de acumulación de capital, más que en las que fomenten distribución de los ingresos. Milanovich asevera que “los pobres son pobres porque los ricos obtienen gran parte de los ingresos que produce la economía” (2011). Piketty retomó datos relativamente recientes sobre la concentración de los ingresos, que apuntan a que para 1989 el 1% de los hogares más ricos en Estados Unidos poseía casi la mitad de la riqueza financiera del país (2014).

Hasta el Banco Mundial categorizó a los habitantes del mundo en el 2012 en cuatro categorías de acuerdo al nivel de ingresos de los países que habitan. Esta medición que se realizó cuando la población rebasaba ligeramente los 7 mil millones de habitantes dejó ver más claramente que de los 72 billones de dólares que ese entonces acumulaba el Producto Interno Mundial, aproximadamente unos 48 billones lo concentraban poco más de 1 300 millones de personas que viven en países de altos ingresos. Dicho de otra forma, el 68% de los ingresos mundiales se concentraban en el 18% de la población (Peet & Hartwick, 2015).

Esta grave situación de desigualdad en la acumulación de los ingresos reavivó el debate académico e institucional sobre la prioridad del crecimiento económico por encima del desarrollo económico. Este segundo concepto del desarrollo fue impulsado y diversificado por teóricos como el Nobel de Economía Amartya Sen, y los programas de medición de las Naciones Unidas como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este economista hindú junto con el PNUD, lograron proponer una medición que evalúa el avance de los países en materia de desarrollo humano a través del Índice de Desarrollo Humano. Por medio de una operación aritmética se obtiene un número entre 0 y 1, que promedia los ingresos per cápita, los años de escolaridad promedio por nación y la esperanza de vida al nacer, y que entre más alto sea, revela mejores condiciones de desarrollo humano.

El combate a la pobreza y a la desigualdad se fortaleció en las últimas dos o tres décadas, y tiene nuevamente un lugar especial en los debates surgidos luego de la crisis de 2008. En la Cumbre de Río de 2012, en algunas instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), u organismos nacionales de estadística de Estados Unidos, Suecia y Australia, cuestionan desde finales del siglo pasado sobre la primacía de mediciones que no contemplan al bienestar humano como la meta principal para señalar qué tan bien van los países. Entienden el bienestar económico no en términos de acumulación monetaria, sino en mejores condiciones de vida para sus habitantes (Rapley, 2003).

En el caso mexicano, se visualiza un momento crucial de dilema para el gobierno mexicano: priorizar el sentido del desarrollo social en la dinámica económica, o satisfacer las exigencias de los grandes capitales con respecto a sus designios de continuar con los mecanismos tradicionales de acumulación. Aunque desde luego también surge la duda sobre sí el gobierno pudiera ser capaz de lograr un equilibrio entre los intereses de diversos grupos demandantes. En el caso latinoamericano el descontento social podría seguir fomentando el surgimiento de líderes carismáticos o populistas, que siendo de izquierda o derecha, no logren solucionar de fondo los problemas estructurales que atañen a la región desde el siglo pasado.

El papel del Estado está resurgiendo como factor necesario y fundamental para generar, fortalecer y redirigir políticas distributivas y también de mejoras al desarrollo humano. Ante el ocaso del neoliberalismo y las políticas de acumulación que aceleraron este proceso de desigualdad distributiva, los movimientos sociales como los de México y América Latina harán importantes aportes y discusiones para comprender y proponer dinámicas distintas a las establecidas por los mercados internacionales.

El equilibrio entre la generación de riquezas y una distribución más justa de las mismas, debe permear las agendas gubernamentales que eviten un mayor desgaste del tejido social, que a su vez sea sostenible y bien planificado. Tanto el debate académico, como institucional tienen que mantener como eje fundamental el desarrollo humano y económico, además de generar la inclusión necesaria con los grupos empresariales para afrontar los riesgos que conllevan el conseguir el bienestar humano en una sociedad cambiante, cada vez más informada y consciente del lugar que dignamente merece ocupar.


Roberto Antonio Gutiérrez Gutiérrez

Licenciado en Relaciones Internacionales por la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Estudios Internacionales sobre América del Norte, del CISAN, UNAM. Exdocente en la FES Aragón, y actualmente candidato a la maestría en Estudios del Desarrollo Global de la Universidad Autónoma de Baja California.

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