Trabajadores Agrícolas Temporales: su relevancia histórica en el Programa Bracero y en el “Gran Confinamiento”

La importancia histórica de la participación de los trabajadores agrícolas mexicanos en EE.UU., se remonta a inicios del siglo XX tras diversos altibajos, destacando la contratación convenida entre los presidentes Porfirio Díaz y William H. Taft, de 1000 trabajadores mexicanos para ser empleados en campos de betabel en 1909; o la deportación masiva de connacionales en 1939, permitieron que la relación migratoria se fortaleciera mediante la consolidación sistemática temprana de normas, que aunadas al contexto internacional asentaron la creación del primer programa formal en territorio estadounidense.

Fue a través de la creación del Programa Bracero –que se deriva de la palabra brazo, en español– conocido también como Mexican Farm Labor Program, que trabajadores del agro mexicano en 1942, deciden ante la escasez de trabajo en suelo nacional migrar temporalmente a EE.UU., con el objetivo de salvar esta actividad primaria para la subsistencia de la cadena productiva alimentaria de esa nación; los estadounidenses lanzaron esta solicitud fundamentada principalmente en su falta de mano de obra en sectores como el agroalimentario, minero y de ferrocarriles, debido a su entrada formal a la Segunda Guerra Mundial, el 8 de diciembre de 1941.

El presidente Manuel Ávila Camacho y su contraparte estadounidense Franklin D. Roosevelt, fueron quienes concretan dicho acuerdo y materializan el programa con estimaciones de expertos que sugieren que la contratación de mano de obra legal sobrepasó los 4 500 000 trabajadores agrícolas mexicanos en el periodo que comprendió entre 1942 a 1964, siendo los principales centros de contratación en México los siguientes estados, a saber: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

En lo económico, México tuvo como objetivo desde la década de los cuarenta y hasta comienzos de la década de los setenta, implantar un efectivo modelo económico basado en la Industrialización por Sustitución de Importaciones –modelo que fungiría completamente durante el periodo del programa de migración legal– debido a las turbulencias que se habían vivido en décadas pasadas en el mundo, desde la Gran Depresión en EE.UU. y hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Es así como el desarrollo de la demanda interna y el impulso de la industria nacional, aunada a reformas como la agraria, la expropiación petrolera y el financiamiento gubernamental permitieron la nacionalización de sectores estratégicos, dinamizando sectores de transformación primaria como el de la manufactura.

Mientras la política económica se trataba de estabilizar, la migratoria con el Programa Bracero tuvo un impasse en 1954, con la realización de la operación Espalda Mojada (Wetback) por parte de las autoridades estadounidenses, quienes deportaron a cerca de un millón de braceros mexicanos en situación irregular, debido principalmente a la alta incidencia de inmigrantes en situación irregular, tornándose en una suspensión unilateral del programa sin que se llegara a un acuerdo rápido. México tuvo que aceptar que era improcedente su pretensión de impedir por la fuerza la salida de sus ciudadanos y EE.UU. tuvo que admitir que no era conveniente llevar un Programa Bracero unilateral.

La finalización del programa en 1962, se generó en un contexto de rechazo magnificado por el activista estadounidense de derechos civiles, César Chávez, quien protestó en contra de la inmigración no legal resonando hasta Washington, durante la presidencia de John F. Kennedy, quien a través de su cambio de política migratoria y protección a sus ciudadanos más desvalidos, quienes según la política debían tomar esos espacios, dio por terminado este acuerdo bilateral, expulsando de nueva cuenta a los trabajadores agrícolas mexicanos de su territorio, años después se demostró que los espacios agrícolas fueron nuevamente abandonados por los ciudadanos estadounidenses –quienes no deseaban desarrollar esas labores– y cubiertos de igual forma y en un futuro cercano por inmigrantes en situación irregular, generando un vacío posterior y la entrada tardía de la tecnificación del campo.

De las inconsistencias del Programa Bracero resalta que los empleadores estadounidenses pasaron a ser los peticionarios o contratantes desde la década de los cincuenta, después de que el gobierno dejara de lado su rol como autoridad preponderante en el proceso, y en consecuencia existió un mercado desigual y un notable aumento en la inmigración indocumentada –se llegó a calcular que en promedio más de cinco millones de personas en situación irregular habían cruzado la frontera– propiciando discriminación, malas condiciones laborales y salarios cada vez más bajos. Por otra parte, sufrieron un fraude en el cual perdieron en promedio el 10% de sus ingresos, el cual fue catalogado como ahorro, dinero que fue tocado por la corrupción de autoridades y empleadores en ambos lados de la frontera, diluyendo la posibilidad de entregárselos en su totalidad a los trabajadores.

En el contexto económico, con el fin de ese programa se destacaba que en la década de los años sesenta y setenta se generó estabilidad y crecimiento sostenido en México, –mientras el Estado subsidiaba de forma proteccionista la actividad económica– dando vida a la etapa conocida como Desarrollo Estabilizador, que encumbraba al Milagro Mexicano, pasaje económico de la vida nacional que se caracterizó por la falta de competitividad en la exportación hacia los mercados extranjeros y que no resolvía el tema de la migración masiva de mano de obra mexicana –legal y no legal– la cual seguía cruzando la frontera hacia el norte en busca de un futuro más próspero.

En décadas posteriores cambió la perspectiva migratoria de las autoridades en México ya que se proyectó como parte vital de la política exterior de nuestro país la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior, situados principalmente en EE.UU., mientras se generaba una transición entre el modelo económico saliente de Sustitución de Importaciones y se entraba ríspidamente al Liberalismo Económico, a través del cual la mano de la tecnocracia gobernante manejó a su favor los capitales y permeó la ideología del libre mercado, en donde el reflejó de la disparidad mexicana en competencia con las gigantescas empresas dio como manifiesto el final de la etapa nacionalista, pues terminaban absorbiendo al mercado interno y generando un brecha más amplia de desigualdad entre las clases sociales en nuestro país.

En la actualidad, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), publicó el pasado 20 de abril de 2020, una regla provisional para enmendar algunos requisitos de la Visa H–2A –relativa a la labor que pueden desempeñar los Trabajadores Agrícolas Temporales (TAT) extranjeros– con el objetivo de evitar interrupciones en el empleo legal, impulsar a los empleadores agrícolas estadounidenses y proteger la cadena de suministro de alimentos en esa nación, esto en el marco de la actual pandemia generada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), declarada el 11 de marzo de 2020.

Anticipadamente, y dentro de este contexto las autoridades pertinentes instruyeron no realizar viajes no esenciales (restricción al turismo), en toda la frontera terrestre entre EE.UU. y México desde el 21 de marzo de 2020, por un período de 30 días, con el fin de reducir drásticamente la movilidad del virus a lo largo de la misma y disminuir la cadena de contagios, disposición que fue enmendada hasta por 30 días más, finalizando el 20 de mayo de 2020, y bajo previa revisión según lo expuesto por ambas representaciones.

La regla provisional citada – en función al cierre parcial de la frontera entre ambos países – menciona que ante la contingencia sanitaria mundial y en atención a las restricciones en los viajes y las limitaciones en el procesamiento de visas, se prevé que los peticionarios que posean una Certificación Laboral Temporal (TLC, por sus siglas en inglés), puedan emplear a trabajadores extranjeros que estén actualmente en EE.UU. con un estatus H–2A previamente verificado por la USCIS, dando así preferencia sobre quienes aún están en proceso de trámite.

Permitiendo que la estadía de los TAT y los estacionales en EE.UU., exceda un periodo máximo de tres años, a los que estuviesen en la situación de sobrepasar esta vigencia y permanecer durante un plazo que no excederá el periodo de validez de la TLC. La autoridad publicará en su momento a través de la DHS, la nueva regla provisional cuando considere que el escenario es propicio para la vuelta a la normalidad en este proceso.

Como conclusión se puede alegar que EE.UU. tiene una política migratoria subordinada a las necesidades inmediatas de su agenda y el momento que esté viviendo, descollando siempre la importancia de contratar trabajadores legales permanentes –y en algunas no –cuando en casa no funciona su cadena productiva agroalimentaria (entre otras) siempre subrayando la necesidad de echar mano de la ayuda que pueda obtener de su vecino del sur, abriendo así a placer la frontera –o, como se explica en el presente texto– apremiando evitar la salida de los trabajadores que ya se encontraban en su territorio dándoles un estatus como trabajadores prioritarios en el escenario actual, denominado Gran Confinamiento y la duración que pueda llegar a tener.


Jonathan Hernández Gallardo

Internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en política, negocios y comercio Internacionales

@jonhgallardo

Publicado por CELAEI

Somos un Centro de Investigaciones Interdisciplinarias fundado en México, con vocación latinoamericanista.

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