La pandemia alcanza a la CNDH

Para el ejercicio cabal de su mandato, la CNDH necesita estar dotada de plena independencia y legitimidad

Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

De manera simultánea en que la pandemia de COVID-19 comenzaba con los primeros brotes, en la mayoría de los países del continente asiático en noviembre de 2019, y posteriormente con la oleada de contagios en gran parte del mundo, en México se inoculaba un virus más resistente y con muchos más efectos negativos que el mismo coronavirus, dentro de uno de los organismos autónomos que forman parte del corazón y la columna vertebral de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El primer síntoma para el diagnóstico de salud de la comisión que no resultaría nada favorable en el corto y mediano plazo, fue la designación de Rosario Piedra como nueva titular, tanto que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que reconocía el rol fundamental de la CNDH en la promoción y protección de los derechos humanos y su valioso aporte en la construcción de una sociedad democrática y un estado de derecho, pero que para el ejercicio cabal de su mandato, la comisión necesita estar dotada de plena independencia y legitimidad.

Esto supone, entre otros requisitos, que el proceso de designación de su titular hubiera sido particularmente escrupuloso, objetivo, transparente y certero, de forma tal que se evite cualquier tipo de cuestionamiento que afecte la legitimidad de la persona a quien se designa, de la institución cuya cabeza se nombra y de quien hace la elección respectiva. El proceso de designación de la Presidencia de la CNDH realizado por el Senado estuvo marcado por un ambiente de polarización, dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de la candidata a quien se tomó protesta, a pesar de aceptar ella misma durante el proceso de designación no haber renunciado a la militancia del partido político en el poder, y cuestionamientos respecto a si en la tercera votación se alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución.

Ante este posicionamiento, debido a su origen como activista social en el Comité Eureka, a la crisis institucional por la que atraviesa el país, a los últimos suspiros de esperanza que quedan en todas las personas y a no tener otra opción por cuanto hacía a la votación en el Senado, de forma involuntaria por las circunstancias de su elección, a la sociedad no le quedó otra opción que dar un voto de confianza a la actual titular.

El segundo síntoma considerado también poco favorable para la salud de la institución es un desconocimiento de la CNDH de su propia naturaleza jurídica, debido a que no actualiza el mandato principal de ley que debería de cumplir, lo cual deriva de algunos titubeos en su actuar, en sus decisiones y, por consecuencia, en el cumplimiento del mandato señalado. Hay que tener presente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público y formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, por lo cual todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos, y cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Ombudsman, que en nuestro país está representado por la CNDH, es una institución que protege a las personas contra los abusos o actos arbitrarios de la administración pública, que pueden afectar sus derechos y garantías fundamentales. Esta institución puede recibir o investigar las denuncias que realicen las personas que se vean afectadas, e incluso actuar de oficio, sin necesidad de la denuncia de una persona, en cuyo caso también investiga y se pronuncia a través de informes o recomendaciones. El titular del Ombudsman es la persona responsable de emitir o dar las recomendaciones.

Desde que la actual titular asumió la presidencia de ese organismo autónomo, la comisión ha emitido 4 recomendaciones consistentes en violaciones al derecho humano al agua en Mexicali, al derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, a los derechos humanos a un medio ambiente sano y saneamiento del agua en el Río Suchiapa, y a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en Baja California; 1 recomendación general sobre la situación de los derechos humanos de las personas con VIH y Sida en México y cero recomendaciones por violaciones graves, como se advierte de la revisión del apartado correspondiente en su página de internet institucional; ninguna de ellas para cumplir con la tarea principal encomendada de promover y proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran en territorio nacional dentro del marco de la pandemia de COVID-19.

Dentro del contexto de la pandemia por coronavirus, la comisión solamente se ha limitado a difundir 16 comunicados de prensa, en el periodo que comprende del 17 de marzo al 24 de abril del año en curso, en los cuales plasma meras sugerencias, algunas con matices de exigencia, pero que no dejan de ser simples consejos, los cuales por consecuencia no tienen ninguna implicación jurídica.

Los temas que abordan los comunicados de prensa mencionados son: personas migrantes alojadas en estaciones migratorias; salud de las personas privadas de su libertad, visitantes, y personal de trabajo de los centros penitenciarios; población con discapacidad; incorporar la perspectiva de género; garantizar la atención a víctimas; aumento de personas en contexto de migración; actos o conductas que pudieran llegar a constituir tratos crueles inhumanos o degradantes y tortura; violencia contra niñas, niños y adolescentes; garantizar que los profesionales de la salud atiendan en forma segura a pacientes con coronavirus; erradicar conductas machistas; exhorto a los tres órdenes de gobierno para que la atención se realice con perspectiva de género y para proteger el derecho a la salud de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes; exhorto al Consejo de Salubridad General a implementar medidas para garantizar los derechos humanos y rechazar medidas discriminatorias; así como el anuncio de la donación para la atención de coronavirus.

De los temas que abordan los comunicados de prensa, ninguno de ellos aborda la situación, por las medidas adoptadas dentro de la contingencia por coronavirus, de las personas desaparecidas y no localizadas, tomando en cuenta a sus familias, ni tampoco de los periodistas y personas defensoras civiles, los cuales forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con la información de la misma comisión.

Tampoco ha dado seguimiento a los llamados que ha realizado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a los Estados para combatir el coronavirus en los siguientes rubros: proporcionar un acceso continuo a suficiente agua a las poblaciones que viven en las condiciones más vulnerables; incrementar inmediatamente las medidas para proteger a las personas internamente desplazadas; mejorar la protección de las personas mayores;  y a que los temores relacionados con COVID-19 por parte de grupos y políticos no deben ser explotados para atacar y excluir a las minorías.

Otro hecho que ha causado gran controversia, incluso en medios internacionales, respecto a la postura que adoptó la comisión nacional durante el desarrollo de la actual contingencia, es la publicación de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, a lo cual solamente difundió un comunicado de prensa más en el que textualmente señalaba la CNDH expresa su preocupación ante la guía que plantea cómo resolver casos extremos en los que no haya equipos suficientes de terapia intensiva, por lo que de la lectura del mismo comunicado, se advierte el riesgo inminente en el que se encuentran las personas que padecen coronavirus por la implementación de los criterios propuestos por el Consejo de Salubridad General.

Finalmente, a la fecha de la elaboración de este texto, en un mensaje de video difundido el 21 de abril pasado, la titular de la comisión, hizo un llamado a la solidaridad y a la responsabilidad frente a la contingencia sanitaria, en el cual extrañamente expresa de forma textual que “durante años se devastaron nuestros servicios de salud”, lo cual en primer lugar lo que menos cumple, es conseguir que se materialice el llamado a la solidaridad, mucho menos si proviene de la persona que es titular de uno de los organismos autónomos de protección de los derechos humanos, y que por ello su posición debe ser objetiva e imparcial, y no replicar el mensaje político que es repetido en reiteradas ocasiones por el titular del ejecutivo.

Suponiendo sin conceder, que se actualice el supuesto de agotar todos los pasos previos antes de emitir una recomendación de la naturaleza que considere pertinente la comisión, de acuerdo con su propia ley, al menos tendría que solicitar a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones que han sido denunciadas o reclamadas en distintos medios, o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron.

El hecho que la ombudsperson, y la institución que dirige, difunda únicamente comunicados de prensa, en lugar de cumplir con el mandato de emitir recomendaciones en situaciones en las cuales se advierte la posible vulneración de derechos fundamentales, como lo es dentro de la contingencia por coronavirus, es un signo inequívoco de protección a los intereses del gobierno actual, debido a que el no aceptar las recomendaciones y la reiteración de esta postura, como lo contempla la Constitución de nuestro país, debe ser motivada, fundada y pública, y en su caso, como lo contempla la ley de ese organismo autónomo, se podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.

Lo anterior, desafortunadamente, lo único que aporta son mayores elementos de prueba en relación con la preocupación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de las organizaciones de la sociedad civil, la cual se está volviendo una realidad, puesto que en México tenemos, hasta el momento, una comisión que adolece de autonomía y legitimidad, derivado de conducirse con una línea de trabajo totalmente institucional y alineada en beneficio del partido político y de los representantes que la designaron, por no atender el mandato principal de una ombudsperson, que es emitir recomendaciones, o en su defecto medidas cautelares, con la finalidad de prevenir la violación de los derechos fundamentales de las personas, a efecto de no evidenciar la inaplicación de la normatividad en materia de derechos humanos durante la respuesta que se da durante la contingencia por la pandemia de coronavirus en México.


César O. Castro Márquez

Especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, Académico y Activista.

Publicado por CELAEI

Somos un Centro de Investigaciones Interdisciplinarias fundado en México, con vocación latinoamericanista.

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