Convencionalidad y letalidad: las otras armas que circulan en el mundo

Para quienes puedan pensar que el mayor riesgo que se corre en el mundo es por el despliegue de armas nucleares, el invierno nuclear y el infierno que se desatarían por efecto de una guerra que escapara a lo convencional, es preciso hablar de que existen en circulación otras armas que por sus dimensiones y características parecieran no revestir tanto peligro, sin embargo, son letales y están ahí y son las denominadas armas pequeñas y ligeras.

Estudios profundos por parte de Small Arms Survey, permiten establecer que éstas revisten una amenaza inimaginable, pues en su último cálculo estiman que existen por lo menos 857 millones de ellas circulando entre civiles, producidas por cerca de 100 países y 1,000 empresas, muchas de ellas están sin control y muy a pesar de los mecanismos reguladores que se han elaborado con el fin de reducir su proliferación y en especial su calidad de ilegales, su multiplicación es exponencial.

Desde su denominación como pequeñas y ligeras responde a diversas definiciones que hasta hoy no es posible precisar con rigor, pues no hay traducciones literales de las palabras entre los idiomas y ello incide en la dificultad para su definición, lo que hace que se les conozca en combinaciones como de brazo pequeño, cortas y largas, pequeñas y largas u otras denominaciones, en suma es que la gran mayoría de ellas son de fuego y como característica definitoria tienen a la portabilidad y entran en el rubro de las convencionales en contraposición a las nucleares.

En 1997 el Panel de Expertos Gubernamentales de la ONU adoptó el siguiente criterio para definirlas, mismo que es retomado justamente por Small Arms Survey.

  • Armas pequeñas.- Revólveres y pistolas autormáticas, rifles carabinas, rifles de asalto, subfusiles y ametralladoras ligeras

A su vez, por las implicaciones y características multifactoriales que conlleva este tema, conecta de manera transversal con una serie de puntos neurálgicos que afectan a la sociedad internacional, puesto que recorre todos sus segmentos sin importar sexo, credo, edad, capacidad socioeconómica, formación profesional, etc., y conecta con delitos relacionados con el comercio de drogas, el tráfico de menores, de mujeres, el lavado de dinero, la usurpación de personalidad, el tráfico de influencias, el robo a transeúntes y en pandilla, homicidio, y otros.

Ante la urgente necesidad de frenar la aparición de armas que ya eran remanentes de las guerras de Corea y de Vietnam, que más tarde sirvieron para armar a las guerrillas de baja intensidad de los años 70 y 80 de una América Latina que vio cómo su espacio era ocupado como una prolongación de los conflictos de las potencias de la Guerra Fría; la preocupación de los Estados y el fomento a la cooperación internacional, dio como resultado la creación de diversas organizaciones, conferencias y cumbres con sus respectivos pronunciamientos, expresados en Leyes y Reglamentos que han buscado limitar su proliferación.

El incremento en el consumo de drogas al final de los 70 y en la década de los 80, así como el crecimiento de las bandas traficantes, hizo que la Organización de Estados Americanos (OEA), convocara a una reunión de Ministros de Justicia de la región, resultando la creación en abril de 1986 de la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas (CICAD), como un organismo al interior de la propia OEA.

Como se ha señalado anteriormente, la vinculación del tráfico de drogas con otros delitos, en este caso, el trasiego de armas de fuego, hizo que se impulsara la adopción de un nuevo acuerdo jurídicamente vinculante entre los miembros de la OEA, esta vez para crear la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA), en noviembre de 1997.

Es de resaltar que la CICAD ha continuado sesionando a partir de la creación de un Grupo de expertos conjunto CICAD-CIFTA para la elaboración de legislación modelo en relación con las áreas a que se refiere la CIFTA como son marcaje de armas, medidas de seguridad, mantenimiento de registros, intercambio de información. En ambos instrumentos, se registra la participación de países como Estados Unidos y Canadá, dos de los fabricantes y exportadores de armas más importantes del mundo; y de Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela, cinco de los países en donde las cifras de muertos por pandillas, tráfico de enervantes, asaltos, robos, etc., están disparadas por ejemplo en ciudades como San Pedro Sula, Tijuana, La Paz, Acapulco, Caracas.

No se dispone de información de lo que habría sido la segunda reunión del Grupo de Expertos, celebrada en mayo del 2006, en la capital norteamericana, lo cual reviste gran preocupación a juzgar por el aumento de los índices delictivos en general, y en especial en las ciudades citadas, así como de la aparición de nuevas bandas del tipo de las Maras Salvatrucha cuya violencia es del conocimiento de muchos.

La preocupación se ha ido extendiendo en países como Brasil, Jamaica y México, entre otros; la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUD) ha ofrecido cifras que impactan al señalar que el Continente Americano solo alberga el 13% de la población mundial, en tanto que registra el 42% de todas las víctimas de homicidios y en ese porcentaje, una gran cantidad de ellos son perpetrados con armas de fuego. Small Arms Survey señala a su vez que los conflictos armados han tendido a disminuir en el correr de los últimos años y no obstante ello, los números que arroja –aproximadamente 535,000 personas, tres cuartas partes de este total mueren en entornos sin conflicto.

Es pertinente a la vez, resaltar la definición de violencia armada en la Declaración de Ginebra como “el uso intencional de fuerza ilegítima (real o amenazada) con armas o explosivos, contra una persona, grupo, comunidad o estado que socava la seguridad centrada en las personas y/o el desarrollo sostenible”.

Existen otros mecanismos legales alrededor del mundo que persiguen objetivos parecidos pero no equiparables necesariamente para la posesión de armas pequeñas y ligeras entre la población civil, su circulación, marcaje, transferencia, intercambio de información, etc., tales como el Acuerdo de Wassenaar, que contiene disposiciones para Europa, Declaración referente a armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados. (SADC); que tiene vigencia para África Meridional y es vinculante políticamente para sus firmantes.

Asimismo, la Ley árabe modelo sobre armas, municiones, explosivos y materiales peligrosos, que tiene vigencia entre los países de la Liga de Estados árabes; La Declaración de Nairobi, que opera para la Región de los Grandes Lagos y del Cuerno de África, vinculante políticamente para sus miembros; Marco Legal para un planteamiento común de medidas de control de armas, vinculante políticamente para los Estados miembros del Foro de las Islas del Pacífico.

Estos instrumentos legales, solo son enunciativos, hay otros tantos que en suma sería deseable que cambiaran su vinculación política por jurídica. En estos esfuerzos hay diversas oficinas al interior de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que como la Oficina de Desarme, tienen la misión de vigilar y dar seguimiento a los temas de desarme, abriendo la oportunidad a la sociedad en general para capacitarla y concientizarla sobre las implicaciones de tener armas de fuego en los hogares.

Así como es destacable la necesidad de contar con normatividad que precise con claridad qué son las armas pequeñas y ligeras, y entre ellas las de fuego, así como sus usos, limitaciones, su regulación, medidas para el desarme, etc., tema que por cierto, nunca figuró dentro de los objetivos del milenio y tampoco está dentro de aquellos del desarrollo sostenible.

Los Estados han seguritizado sus agendas como resultado de los problemas de delincuencia que se han desatado, asolando regiones enteras, pero está plenamente comprobado que en un ejercicio crítico de lo que entraña la seguritización, se esconde la disputa velada entre actores de diversa índole que pugnan por anteponer sus intereses, arrastrando particularmente e los países pequeños, desatando a la vez problemas colaterales que tienen que ver con la violación de los derechos humanos, violencia de género, y grandes presupuestos que debieran atender a asuntos de salud y educación, en especial, ahora que hay amenaza de epidemias con el coronarivus, el sika y el sarampión.

El problema sigue creciendo y da muestras de la variedad de fenómenos en que puede trocar por descuido, incapacidad e indolencia de los Estados por obviar medidas dentro de sus programas de gobierno; solo hay que registrar que desde hace buen rato existen bandas únicamente de jovencitas de no más de 13 años que han empezado a atemorizar barrios en capitales como Madrid.

Finalmente, también hay que recordar, que está en vigor desde el año 2011 el Tratado para el Comercio de Armas que se refiere a aquellas convencionales, y que de entre los objetos regulados en el Artículo 1 de dicho instrumento destacan: prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío con el fin- entre otros-, de contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional, reducir el sufrimiento humano y promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los Estados partes en este tipo de comercio.

A su vez, el último rubro de aplicación a todas las armas convencionales comprendidas en el Tratado, lo ocupan las armas pequeñas y ligeras, entre las que están las de fuego, y que para efectos del Tratado en cita, las actividades de comercio internacional, abarcarán la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje, al que en lo sucesivo se le denominará transferencias. Dicho instrumento es omiso por cuanto a los modos para promover la cooperación que dice y que tienda en alguna manera a disminuir el comercio de este tipo de armamento. Ni hablar de alguna medida que vaya en función de fomentar la paz y el desarme.

Como es notorio, existen una serie de instrumentos jurídicos que buscan tender un cerco que impida la proliferación de este tipo de armas; se siguen celebrando Convenciones y Juntas Cumbre con el objetivo de dar seguimiento a los diferentes acuerdos adoptados en los compromisos referidos, pero el camino está lleno de obstáculos que hacen muy difícil que esta tarea vea frutos en beneficio de las sociedades.


Luz María Cahero Cornejo

Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma Universidad. Ha intervenido en diversos Foros, Talleres y Mesas Redondas con temas como Paz y Desarrollo, Desarme, Armas Pequeñas y Ligeras, Protección Civil, y ha participado como miembro del Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo, A.C. (MOMPADE), y del Instituto de Investigación y Estudios Internacionales, A. C.

Publicado por CELAEI

Somos un Centro de Investigaciones Interdisciplinarias fundado en México, con vocación latinoamericanista.

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