La respuesta estatal de Líbano ante la crisis de refugiados sirios

A nueve años del estallido de la rebelión popular, Siria se encuentra destruida por una guerra compleja y una catástrofe humanitaria descomunal. Tras el ejemplo de Estados vecinos, en enero de 2011 comenzaron las protestas en contra del régimen alauita de Bashar Al-Assad, haciendo eco de las consignas en la Plaza Tahrir tunecina: el pueblo quiere derrocar el régimen. La dinámica de agitación social en Siria fue moldeada por la expresión de quejas locales contra el gobierno y demandas de reforma política, justicia y lucha contra la corrupción gubernamental que constituyeron un lenguaje político compartido expresado en la esfera pública.

La represión sistemática y violenta por parte del Estado (como el despliegue del grupo paramilitar Shabiha para eliminar las fuerzas opositoras anti-régimen), degeneró en una guerra multifactorial sangriento-divisiva y una crisis humanitaria que ha resultado en un incesante flujo de desplazados internos y refugiados. De acuerdo con reportes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 5.5 millones de sirios viven como refugiados en Medio Oriente y más de 6.1 millones son desplazados internos. A nivel global, Siria es el principal país de origen de solicitantes de asilo, representando una cuarta parte de los refugiados en el mundo. Los sirios han sido acogidos bajo la condición de refugiado en 127 países; la gran mayoría huyeron a países vecinos: Líbano, Turquía, Jordania, Irak y Egipto.

De acuerdo a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, un refugiado es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.

La figura de refugiado como unidad de análisis en las Relaciones Internacionales se relaciona con el estudio de las causas y consecuencias del desplazamiento humano, así como del comportamiento de los Estados y otros actores respecto a los refugiados. Por otro lado, los conflictos internos que conducen a las personas a cruzar fronteras y huir de sus países de origen están relacionados con cuestiones políticas internacionales más amplias. En el caso de la guerra en Siria: la internacionalización de la guerra derivado de intereses geopolíticos de actores regionales e internacionales (Irán, Arabia Saudita, Hezbolá, el Estado Islámico, Rusia y Estados Unidos).

El desplazamiento de refugiados se vincula de manera directa con la forma en la que los Estados receptores lo conciben desde una combinación entre la política interna y la política exterior. Por ejemplo: el impacto de los refugiados conduce a que los Estados decidan aplicar políticas migratorias más estrictas para controlar y gestionar la migración internacional y; por otra parte, en escenarios particulares, las políticas y prácticas migratorias referentes a los refugiados son elaboradas por políticos locales que a menudo envuelven sus propios intereses y motivaciones partidistas.

Líbano alberga al mayor número de refugiados sirios per cápita en el mundo: 1.5 millones. Para el país de los cedros, cuya población es de aproximadamente 4.3 millones, la recepción y acogida de los refugiados sirios ha representado un desafío. Dada la proximidad geográfica, la narrativa histórica (tres décadas de ocupación siria en Líbano) y las estrechas relaciones interpersonales entre el pueblo sirio y el libanés; desde el estallido del conflicto, Líbano fue un destino de huida para los refugiados sirios. Al inicio, el gobierno libanés adoptó una política migratoria de fronteras abiertas basada en el principio del Derecho Internacional: non-refoulement (no devolución) y el acuerdo bilateral para la Cooperación y Coordinación Económica y Política de 1993 entre Damasco y Beirut. No obstante, a medida que el número de refugiados aumentó sin ningún signo esperanzador de la culminación de la guerra en Siria, el sentimiento de rechazo hacia los refugiados comenzó a desarrollarse.

La dicotomía interna del sistema político de carácter confesional en Líbano, manifestó distintas posiciones de política exterior sobre los refugiados sirios. Mientras que Hezbolá y la Alianza del 8 de Marzo consideran que el régimen sirio es un aliado regional y reconocen a Al-Assad como su presidente legítimo; en el otro extremo, el Movimiento del Futuro y la Alianza del 14 de Marzo tomaron una posición adversa a Damasco: conciben al régimen de la dinastía Al-Assad como un enemigo de Líbano. Esta división ha repercutido en las directrices de política exterior, Por un lado, el exprimer Ministro Saad Hariri reiteró el compromiso de Líbano de apegarse al Derecho Internacional y los Derechos Humanos; por el otro, Gebran Bassil, el Ministro de Relaciones Exteriores señaló al ACNUR como culpable de intentar naturalizar a los refugiados sirios y mantenerlos en Líbano.

Las posiciones de ambas coaliciones políticas están ligadas a aspectos geopolíticos más amplios: para Hezbolá resulta imprescindible el apoyo al régimen de Al-Assad a fin de mantener el triángulo geopolítico Irán-Siria-Hezbolá (The Axis of Resistance). El Partido de Dios ve la seguridad del régimen sirio como parte integral de su propia posición en Medio Oriente: la hipotética caída del mandatario alauita constituiría una gran derrota geoestratégica que involucraría la pérdida del acceso de la milicia chiíta en el Levante. El posicionamiento también está ligado al aspecto sectario que implica el flujo de refugiados sirios en Líbano. Dado que la mayoría de los refugiados sirios son sunnítas, la principal preocupación de los cristianos, chiítas y drusos libaneses recae en la ruptura demográfica y el delicado balance sectario (por ejemplo: la potencial radicalización de los refugiados adolescentes sirios y su inserción en las filas de Al-Qaeda, Al-Nusra y el Estado Islámico).

A pesar del millón y medio de refugiados sirios en Líbano, el gobierno libanés se opone a la noción de ser un país destino para personas con necesidades de protección internacional. Líbano no es signatario de la Convención de 1951, ni de su Protocolo de 1967. Sin embargo, dado que el país de los cedros es miembro de la Declaración Universal de Derechos Humanos y ésta, en su artículo 14, estipula que toda persona tiene derecho a solicitar asilo, el Estado libanés está obligado a respetar tal derecho, en virtud del Derecho Internacional consuetudinario. Líbano no cuenta con una legislación nacional formal sobre solicitantes de asilo y refugiados y las disposiciones sobre asilo que figuran en su ley de 1962, que regula la entrada y estancia de extranjeros en el territorio libanés, son obsoletas.

Desde el principio, Líbano se rehusó a la aplicación del término refugiado a los sirios que huyeron del conflicto armado; en su lugar, optó por utilizar el término personas desplazadas. Dicha acción emanó del temor de las repercusiones que impliquen para el país el reconocer legalmente a los sirios como refugiados y puede leerse desde la elución de cualquier obligación legal por parte del Estado. La falta de un marco legal coherente en Líbano ocasiona que las personas que huyen de su país de origen y que tienen necesidades de protección internacional queden en un limbo legal y en condiciones de alta vulnerabilidad (especialmente en cuanto al acceso a documentación y derechos como la educación, salud y empleo). Hasta 2015, mediante el registro por parte del ACNUR de los refugiados sirios, estos podían acceder a asistencia humanitaria, empero, no otorgaba ningún estatus formal reconocido por el gobierno libanés.

Lo anterior evidencia la ausencia de una política migratoria integral con un enfoque humanitario por parte de las autoridades gubernamentales libanesas y la necesidad del diseño de ésta. Los políticos libaneses no solo consideran a los refugiados sirios como una carga económica, también los perciben como una amenaza política, de seguridad y como un factor de potencial de desestabilización del equilibrio sectario en Líbano. Como resultado, la tarea de regular la presencia de los refugiados sirios en territorio libanés se lleva a cabo (principalmente) por el aparato militar y de seguridad, basándose en métodos punitivos, incluidas redadas periódicas en asentamientos informales de refugiados, arrestos e intimidación.  

La ambigüedad político- institucional de Líbano incluye la prohibición de los campos formales de refugiados sirios (en parte por la experiencia de los refugiados palestinos en Líbano) y el acceso a la inserción laboral, situación que lleva a los refugiados al empleo informal y la consiguiente proliferación de asentamientos informales sin las medidas básicas que ofrezcan un espacio digno para las refugiados sirios. La negativa de permitir campamentos formales está alejada de una política migratoria formal ya que carece de un sistema oficialmente codificado y regulado reconocido por el Estado. Ello, además de responder al constante distanciamiento del Estado libanés de la noción de refugiado, dificulta el proceso de integración de los refugiados sirios en la sociedad libanesa.

La carente capacidad institucional para otorgar un estatus migratorio a los refugiados sirios, el creciente rechazo social a la comunidad refugiada, la división política interna y la ausencia de una estrategia estatal unificada ante el flujo de refugiados sirios; condujo a que en 2014, Líbano culminó la política migratoria de puertas abiertas e impuso una serie de medidas destinadas a reducir el número de refugiados sirios en el país. La magnitud del problema de los refugiados en Líbano dio lugar a una crisis social, económica y política que amenazó el status-quo del país de los cedros y condujo a la implementación de una política migratoria restrictiva. A pesar de las medidas de seguridad, el ingreso irregular de refugiados sirios a Líbano aumentó. Mientras algunos se internaban a territorio libanés por la frontera líbano-siria, otros intentaban ingresar al país a través de las costas del mar Mediterráneo, especialmente en el norte del país. Más tarde, en 2015, el gobierno libanés suspendió el registro de refugiados sirios por parte del ACNUR.

Ante el precario escenario de los refugiados en Líbano, la comunidad internacional ha intervenido a través del Lebanon Crisis Response Plan (LCRP),  cuyo objetivo -en línea con un enfoque humanitario- es garantizar la protección y asistencia a las personas sirias en Líbano; fortalecer la capacidad de prestación de servicios públicos y; apoyar a la estabilidad económica, social y ambiental en Líbano. Si bien éste esfuerzo representa lo más cercano a una política migratoria oficial, también aumentó la dependencia de Líbano hacia la asistencia financiera externa para atender las necesidades de los refugiados sirios en el país.

La corrupción y la retórica sectaria junto con las complejidades políticas del Estado libanés suponen una amenaza para la vida y el futuro de los refugiados sirios que residen en Líbano. A medida que la situación socio-política del país de los cedros se deteriora, el nivel de vulnerabilidad de los refugiados aumenta: tras la devaluación de la libra libanesa y la creciente inflación, el poder adquisitivo de los refugiados es menor. Ante la crisis bancaria, el cierre de empresas, recortes salariales y despido de personal, las oportunidades de inserción laboral son casi inexistentes.

Las demandas y protestas actuales en Líbano (conocidas como La Revolución del WhatsApp) en contra del sistema político y la elite gobernante, también deberían impactar en la formulación de una política hacia los refugiados. Las autoridades libanesas deberían reconocer que Siria no es un país seguro y que el retorno voluntario no es opción para los refugiados sirios, pues no garantiza seguridad en país de origen, Siria se encuentra todavía gravemente afectada por la guerra. No obstante, el gobierno libanés se sumerge en un estancamiento crónico y parálisis política sin aras de crear reformas para erradicar la crisis. No sólo es la falta de capacidad política e institucional y fondos inexistentes, el gobierno libanés carece de la voluntad para desarrollar una respuesta constructiva, integral, humanitaria y efectiva a largo plazo que atienda las necesidades de protección de los refugiados sirios.


Leilani Herrera

Internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajadora humanitaria.

@LeilaSHerrera

Publicado por CELAEI

Somos un Centro de Investigaciones Interdisciplinarias fundado en México, con vocación latinoamericanista.

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