«Tan lejos de Dios… pero cerquita de United States». La cuestión migrante en la 4T

La definición de las políticas migratorias entre México, Estados Unidos y Centro América siempre ha tenido como trasfondo una serie de complejas negociaciones que tienen como objetivo controlar el flujo de personas que salen y entran en los diversos países. Sin embargo, este flujo ha probado ir en un sentido unívoco desde hace ya varias décadas, movilizando a la población desde el sur hacia el norte, es decir, desde los países más pobres de Centro América y también desde México, hacia Estados Unidos, la famosa “tierra de las oportunidades”. Esto ha tenido como resultado el recrudecimiento del control de la frontera estadounidense y de su política migratoria, especialmente con el gobierno conservador y xenófobo de Trump, quien ha buscado no solo erradicar el flujo de migrantes hacia su país, sino que también ha buscado la manera de expulsar a todos aquellos que se encuentran ya ahí de manera ilegal.

Por su parte, el gobierno mexicano bajo la presidencia de López Obrador buscó realizar un cambio en cuanto a la postura tomada frente a la cuestión migratoria por otras administraciones, promoviendo, desde que se anunció su triunfo en la carrera presidencial, un discurso incluyente, humanitario y “progresista” que le sirvió para aumentar la expectativa de su mandato, para dar la imagen de un presidente más humanitario y para promoverse como un verdadero agente de cambio. Sin embargo, ya con la presidencia ganada, la realidad ha resultado ser contradictoria, ya que si bien se han impulsado medidas para tratar de garantizar la seguridad de los migrantes durante sus viajes así como para tratar de incluirlos en la sociedad a través de una precaria oferta laboral, e incluso dando asilo a aquellos expulsados del país vecino del norte hasta solucionar su estatus, las presiones por parte del gobierno estadounidense frente al exponencial aumento de la ola migrante lo han forzado a replantearse ciertas acciones.

Recapitulemos entonces. Al ganar la presidencia a mediados de 2018, López Obrador mostró una postura y un discurso con los que inmediatamente sentó las bases de lo que sería su proyecto de gobierno, resaltando algunos temas centrales dentro de los cuales estaba el tema migratorio. Sobre éste, señaló la necesidad de generar condiciones económicas provechosas para que la población mexicana no se vea forzada a abandonar el país en busca de mejores condiciones de vida. Igualmente, destacó la necesidad de fortalecer y promover los lazos de desarrollo entre América del Norte y Centroamérica, siendo una de estas vías el respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que buscan transitar hacia Estados Unidos, cosa que aseguró que se haría durante su gobierno. Esto lo llevó el 18 de octubre de ese mismo año, y mientras una de las multitudinarias caravanas de migrantes llegaba a la frontera sur de México, a dar un discurso en Chiapas en el que mencionó la entrega de visas de trabajo.

Con ellas, aquellos migrantes que desearan quedarse en el país podrían hacerlo legalmente, a través de la creación de empleos y actividades productivas en los que pudieran participar, ofreciéndoles una aparente protección y opción de desarrollo a través del trabajo, la salud, la comida y el albergue. De esta manera, a partir del 17 de enero de 2019, el Instituto Nacional de Migración comenzó a gestionar la entrega de las “tarjetas de visitantes por razones humanitarias” a los migrantes provenientes de la frontera sur, permitiéndoles trabajar y tener acceso a servicios básicos de salud por un corto tiempo desde su entrada al país. Durante el primer mes, se entregaron 11 282 principalmente a migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala, sin embargo, con el tiempo este número ha ido declinando hasta llegar a ser solo 1431 para abril, teniendo un ligero repunte en los meses venideros (alcanzando un máximo de 3624 en julio) y terminando en octubre con 1,714.

Empero, es también desde enero que entró en vigor el “protocolo de protección al migrante” (nombre bastante paradójico) implementado por el gobierno de Trump y ratificado por el Departamento de Seguridad Nacional, con el que el país vecino puede regresar a México a aquellos migrantes quienes, a juicio del gobierno, traten de ingresar de manera ilegal y/o no tengan la documentación adecuada, esperando en nuestro país hasta que sus casos sean resueltos. Dicho programa fue aplicado en un inicio únicamente en Tijuana, pero se extendió en los meses posteriores a Mexicali y a Ciudad Juárez, afectando a un enorme número de migrantes tanto mexicanos como centroamericanos. El supuesto objetivo planteado por el gobierno estadounidense es el de enfrentar una crisis de seguridad y humanitaria en la frontera sur, aunque este argumento parece más una justificación para el pedido de fondos al Congreso que permitiría la construcción del muro en la frontera con México.

Esto provocó que en Marzo la Secretaría de Relaciones Exteriores publicara un comunicado en el que ratifica el compromiso de desplegar su nueva política migratoria basada en dos pilares fundamentales: la defensa de los derechos de los migrantes y la promoción del desarrollo económico desde una visión humanitaria, para atender las causas estructurales de la migración. Con ello, insiste en destacar el cambio que se ha dado en cuanto al discurso que, desde la ilegalidad, condenaba a los migrantes a la marginalización y la precariedad. Pero, sobre todo, es la primera vez que se habla del Plan de Desarrollo Integral, realizado en colaboración con la CEPAL, que contempla distintos proyectos para impulsar el desarrollo económico de Guatemala, Honduras y El Salvador, y así atenuar las causas estructurales que detonan los flujos migratorios. Por último, se reiteró que México actúa de forma soberana e independiente al implementar su política migratoria, al tiempo que insiste en la ausencia de un acuerdo vinculante con el gobierno de Estados Unidos para responder al aumento en el flujo migratorio.

Para el mes de abril, el aumento exponencial de las caravanas migrantes con deseos de ingresar a Estados Unidos, llevaron al presidente Trump a amenazar al gobierno mexicano con el cierre de la frontera como represalia a lo que, según él, ha sido una estrategia inadecuada para frenar la migración ilegal. Dicha amenaza, así como las posibles consecuencias económicas que implicaría, orilló al gobierno de López Obrador a incrementar las redadas y las detenciones para frenar el avance de centroamericanos que tratan de llegar a los Estados Unidos, llevando a cabo el día 27 de ese mismo mes una de las redadas más grandes que se hayan visto sobre las caravanas desde que éstas comenzaron a ingresar al país. El saldo informado fue de un total de 367 migrantes detenidos, en su mayoría hondureños, que posteriormente fueron regresados a su país. Lo que queda claro, es como al discurso de la soberanía en cuanto a la elección de la política migratoria se opone la subordinación y dependencia económica que se tiene con el vecino del norte.

Las tensiones suscitadas con el gobierno estadounidense, aunadas a las presiones de los gobiernos locales de las ciudades fronterizas, cada vez más rebasadas por la concentración de migrantes y la falta de recursos e infraestructura para darles un alojamiento lo más humano posible, llevaron a recrudecer las medidas hacia los migrantes. Así, durante la primera semana de junio, una delegación encabezada por Marcelo Ebrard llegó a Washington tras una nueva amenaza por parte del gobierno Trump (el alza a los aranceles de los productos mexicanos), para presentar una serie de nuevas medidas que entraran en vigor, con el fin de controlar la migración ilegal centroamericana. Entre ellas, las más destacables son sin duda la ampliación del Protocolo de Protección al Migrante, regresando inmediatamente a México a los solicitantes de asilo, el envío de 6000 agentes de la Guardia Nacional para “controlar” la frontera con Guatemala, y la aceptación por parte de la Casa Blanca del Plan de Desarrollo Integral.

Y es justamente este Plan de Desarrollo Integral el que parece ser el soporte de la política migratoria actual del gobierno de López Obrador, y sobre el cual puede ir dando la apariencia de una política progresista hecha en común con otros gobiernos al tiempo que deja espacio para negociar, o más bien ceder, a las imposiciones y amenazas de Estados Unidos, como lo fue el caso del reforzamiento de la seguridad en la frontera sur. El Plan, presentado por López Obrador y Alicia Bárcena, titular de la CEPAL, está basado en cuatro ejes: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio con seguridad humana. Lo que se busca es construir un nuevo espacio económico gracias a la integración comercial, productiva, energética y logística de los países del norte de Centroamérica con los del sur de México, atacando directamente las causas estructurales que provocan las migraciones masivas en esos países.

El Plan fue incluso ratificado en el mes de septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde participaron representantes de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, y donde también se ratificó el apoyo por parte de la Cepal y de la ONU. Empero, para finales del 2019 e inicios del 2020, la situación de los migrantes no parece haber sufrido una mejoría notable. Por el contrario, las condiciones de sus campamentos se muestran cada vez más precarias, donde se agudizan los problemas sanitarios, de salud y alimentación, al tiempo que las organizaciones que proveen ayuda y asesoría se sienten cada vez más rebasadas por el número creciente de personas y por la falta de recursos para poder atenderlos de manera digna y dar seguimiento a sus casos. A esto se suman los enfrentamientos suscitados en enero de este año entre una nueva caravana de aproximadamente tres mil integrantes que arribó a la frontera con Chiapas y los agentes del INM y de la Guardia Nacional, en los que las agresiones, capturas y deportaciones de éstos, junto con los gritos y el caos que las acompañaba, se oponían la voz tranquila y apacible que aseguraba una oferta de empleo y libre tránsito por medio de unos altavoces.

Asimismo, los empleos ofrecidos son precarios (y a mi parecer se centran en aportar un mano de obra muy abaratada para la realización del programa Sembrando Vida) y no alcanzan a devenir en una solución ni siquiera temporal para muchos de ellos. Pese a la “buena voluntad” que existe por parte del gobierno de la 4T para ayudarlos, la realidad se muestra aún muy oscura, y el problema migrante continúa reflejando tanto una de las mayores crisis humanitarias que atraviesa nuestro continente como la continuidad de la extrema dependencia y subordinación de nuestro país hacia Estados Unidos en materia económica, política y migratoria.


Diego Soto Pereira

Licenciado en sociología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestrante en Estudios Latinoamericanos por la misma institución.

diego.soto.p91@gmail.com

Un comentario sobre ««Tan lejos de Dios… pero cerquita de United States». La cuestión migrante en la 4T»

  1. Estimado, Diego. Agradezco tu colaboración en el Centro. La cuestión migratoria es un tema que ocupa un lugar bastante importante en las agendas de política interna y externa de todos los Estados. En el caso de México, la migración irregular proveniente de Centroamérica ha tenido un papel crucial en las relaciones con Estados Unidos. Al inicio de su administración, AMLO manejó una narrativa humanitaria basada en el “respeto a los derechos humanos” de los migrantes centroamericanos en el país; sin embargo, al presentarse la llamada “caravana migrante” a principios del año pasado, la única acción de carácter “humanitario” que su gobierno realizó fue la expedición de “visas” humanitarias. Primero, el término que López Obrador utilizó es incorrecto, pues una visa siempre es otorgada en el exterior (en un Consulado de México en el extranjero, por ejemplo). De acuerdo al artículo 3, fracción XXI de la Ley de Migración, una visa es “la autorización que se otorga en una oficina consular que evidencia la acreditación de los requisitos para obtener una condición de estancia en el país y que se expresa mediante un documento que se imprime, adhiere o adjunta a un pasaporte u otro documento. La visa también se puede otorgar a través de medios y registros electrónicos pudiéndose denominar visa electrónica o virtual. La visa autoriza al extranjero para presentarse a un lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar, según el tipo de visado su estancia, siempre que se reúnan los demás requisitos para el ingreso”.
    Segundo, el documento migratorio que el INM expidió a los migrantes centroamericanos en enero de 2019 fue una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), la cual les otorgó una condición de estancia de visitante y por ende, supuso la regularización de su situación migratoria en el país. A pesar de dicha acción, la información por parte del INM a la población centroamericana internada en México fue nula. El derecho a la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, por ejemplo, no les fue informado por parte de las autoridades gubernamentales, considerando que un alto número de personas requieren protección internacional. Incluso, uno de los requisitos para que el INM expidiera la TVRH, consistió en que si las personas ya habían iniciado el proceso de solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y, contaban con su Constancia de Solicitud, éste debía ser cancelado, indicándoles que para contar con la TVRH sería necesario desistir del proceso con la COMAR. La ausencia de información por parte del INM en las “caravanas migrantes” es una constante. Organizaciones de la Sociedad Civil y la Organización de las Naciones Unidas (a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Organización Internacional de las Migraciones) se hicieron presentes en los diferentes escenarios (Ciudad de México, Tenosique y Tapachula, principalmente) para informar a la población migrante sobre sus derechos en México y sus posibilidades de regularización migratoria en el país.
    Desde mi percepción, el análisis que realizas me parece acertado; no obstante, creo que en el lente del mismo se pierden los solicitantes de la condición de refugiado y los refugiados reconocidos; pues si bien, el discurso de AMLO generaliza a la población como “migrante”, un alto porcentaje (por las características compartidas) son sujetos con necesidades de protección internacional y por tanto, deberían recibir asistencia humanitaria e iniciar el debido proceso. Mi observación para tu texto, entonces, recae en la enfatización de la figura de los refugiados.

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