Violencia y Universidad, una aproximación

Semestre 2020-1, nos encontrabamos a la puerta de nuevas elecciones para el cargo de rector en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es en esta época en que aparecen balances más o menos críticos sobre los logros, asuntos pendientes y dificultades que el rector saliente ha tenido que encarar a lo largo de su periodo ¿Qué se puede decir de la administración de Enrique Graue?

Por hablar de algunos puntos, se destaca que en su administración se ha logrado mantener y diversificar los convenios que la UNAM mantiene con otras universidades e instituciones académicas de todo el mundo, para que los estudiantes desarrollen al máximo sus capacidades y egresen con un alto perfil profesional. Queda pendiente el mejoramiento de las instalaciones y la creación de nuevos planteles, cada año el número de personas que ingresan aumenta y la infraestructura actual empieza a quedar rebasada. Sin embargo, en cuanto a dificultades, este periodo se ha caracterizado por una serie de hechos violentos que han conmocionado a la comunidad universitaria como no se veía desde hace 50 años.

Si bien es innegable que existen problemas internos y externos que la UNAM ha tenido que encarar, lo que llama la atención en este caso es la respuesta de la rectoría ante esta escalada de violencia. Su política no ha sido la más eficaz y tampoco ha sido bien vista por el grueso de la comunidad estudiantil. A mi parecer, las autoridades de la UNAM no han sido capaces o no quieren ver que los diferentes actos de violencia que ocurren en sus instalaciones van más allá de la mera existencia de estudiantes en estos espacios. ¿Cuáles son estos actos? ¿Qué acciones han tomado las autoridades? ¿Cuál ha sido la respuesta de los alumnos? ¿Se puede seguir usando el mismo modelo? Para dar respuesta a estas preguntas hablaré dos casos.

A principios de 2018 una serie de reportajes de Imagen TV y Noticieros Televisa denunciaban la venta y consumo de drogas en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Ante esta situación la universidad lanzó una campaña con el eslogan “No es tu amigo, es un narco” en dónde se invitaba a la comunidad universitaria a que dejara de comprar y consumir en el campus, aludiendo a que esto ponía en peligro la integridad de la persona y de sus compañeros. Si bien la idea era buena, se quedó a medias. El problema es que la campaña no mostraba o no indicaba que la universidad fuera a tomar cartas en el asunto de un modo directo, se dejaba todo a la voluntad de los alumnos, a la vez que la campaña suponía o daba a entender que todo el consumo y venta era un problema exclusivo del alumnado, sin considerar la posibilidad de que otros sectores de la comunidad universitaria, o personas ajenas, fueran parte.

Ante la evidente falta de apoyo a la campaña, la UNAM declaró que habría nuevas medidas de seguridad, se prohibió el paso a taxis sin pasaje al circuito universitario, a la vez que se instalaron cercas en las áreas verdes del campus, esto con la intención de minimizar las zonas de venta y consumo. Sin embargo los reportajes continuaron, demostrando que estas acciones eran ineficaces para acabar con el problema. La misma comunidad señaló las carencias que estas acciones traían consigo, sin embargo, en esta ocasión no hubo una respuesta de las autoridades a estos cuestionamientos y el asunto se diluyó con el tiempo.

Mientras esto ocurría en CU, las demás escuelas del área metropolitana encaraban sus propios problemas. Uno que destacó en este periodo fue el caso de CCH Azcapotzalco. Desde el inicio del ciclo escolar del año 2018 los alumnos mantenían un paro, denunciando malas prácticas por parte de la directora del plantel. Ciertamente el conflicto escaló dentro del CCH pero no hizo eco en la rectoría. Se puede decir que el asunto no superaba un umbral de tolerancia para las autoridades y lo dejaron como algo local, esto hizo que los alumnos sintieran impotencia y que no se les tomaba en cuenta, en vista de ello, organizaron una marcha.

Fue así como llegamos a los hechos del 3 de septiembre del 2018. Ese día un grupo de estudiantes de CCH Azcapotzalco se manifestaba en las instalaciones de rectoría, posteriormente varios grupos porriles atacaron a los estudiantes, dispersando la manifestación e hiriendo a dos alumnos. La noticia se esparció rápidamente por la comunidad universitaria causando una genuina indignación. Las autoridades, inocentemente, respondieron a los hechos con una nota escrita, condenando el acto y asegurando que en todo momento se brindó apoyo a los alumnos antes, durante y después del ataque, pero el daño ya estaba hecho.

El resultado es bien conocido, en menos de 24 horas todas las escuelas del área metropolitana de la UNAM se habían declarado en paro, ya fuera de 24 o 48 horas, con la idea de participar en una marcha para el 5 de septiembre. Ante tal explosión de indignación, finalmente las autoridades mostraron una postura más empática, dando un espacio a la marcha en una edición de la Gaceta UNAM, el rector reconociendo públicamente que hubo omisiones por parte de las autoridades y comprometiéndose a realizar acciones más enérgicas: recabar vídeos del ataque, denunciar a los agresores y de tener alguna relación con la universidad, expulsarlos. Aunque el asunto escaló y se crearon asociaciones estudiantiles inter-facultativas e inter-universitarias, la imposición de ciertos grupos hizo que la frustración no se convirtiera en acciones más contundentes.

Estos casos nos permiten ver que hasta hace poco tiempo, fuera algo “externo”, la venta de droga, o “interno”, mala administración y porrismo, las autoridades mantuvieron una actitud de “Por los alumnos y para los alumnos”, es decir, la única forma de intervención que la rectoría encontró para atacar el problema de la violencia, independientemente de su origen, era enfocarse en el sector estudiantil ¿Por qué? ¿A la Universidad no le interesa perseguir a quienes dañan a su comunidad? No necesariamente, recordemos que la UNAM no cuenta con instituciones para dar resoluciones judiciales, está limitada a informar a las autoridades correspondientes de estos hechos y esperar que estas cumplan con su parte del trabajo.

En vista de ello, es claro que lo único que puede hacer activamente es reforzar sus mecanismos de prevención y protocolos de seguridad, pero ahí es donde, a mi parecer, la UNAM comete su más grave falta. La discusión sobre las nuevas medidas de seguridad se queda en el nivel de los órganos de gobierno, no se toma en consideración la voz y la experiencia diaria de los estudiantes, hay una desconexión entre la autoridad y los alumnos. No es de sorprender que fuera por el escándalo en noticieros y no por denuncias internas que, por ejemplo, se agilizara la instalación de cercas en áreas verdes de Ciudad Universitaria. Es solo ante una acción que visibiliza la violencia diaria que se hace algo.

Luego, este tipo de acciones no resuelve el problema de fondo, es una acción preventiva, las autoridades no demuestran en estas campañas un interés por buscar el origen de estos actos ¿por qué la universidad es un espacio para el consumo y venta de drogas? ¿Por qué existen asociaciones porriles hoy en día? ¿Quiénes les dan un espacio en la universidad? En lugar de buscar una respuesta a estas interrogantes, es más fácil “tapar” estos actos esperando minimizar el escrutinio del ojo público, solo que a largo plazo estos “pequeños” actos se acumulan en la memoria del alumnado hasta que ya no son tolerables.

Un marcado distanciamiento con el alumnado y la negativa a reconocer los errores nos llevaría a señalar que la violencia en la UNAM es culpa de las autoridades ¿Esto es así? No, México vive en un ambiente de violencia que supera a la universidad, eso está claro, no podemos esperar que la UNAM pueda resolver de manera eficiente y expedita esto, se ve superada. Aún así, no parece razonable que esta visión paternalista de las autoridades hacia los alumnos pueda mantenerse, es momento de que se habrán a la posibilidad de que no son una guardería, sino de que en sus aulas se prepara a los jóvenes para buscar soluciones a los problemas de México y el mundo, y sin ellos, no es posible construir nada.

La universidad debe abrirse al diálogo, reconocer que hay tanto problemas externos como internos, que tanto académicos, trabajadores y alumnos hemos creado espacios seguros e inseguros dentro de las instalaciones y que si no trabajamos juntos, si solo nos limitamos a lamentarnos, a mandar y obedecer, el problema nos superará y no seremos capaces de continuar con nuestra labor científica y humanista. Es insostenible que una universidad que en el discurso se dice abierta el diálogo no habilite espacios para que las autoridades conozcan lo que se vive en sus aulas.


Miguel Jurado Soto

Pasante de Licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

mn197st@gmail.com 

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