No todo está perdido… aunque aún queda mucho por hacer

13 de octubre del 2019, Ecuador. El presidente Lenin Moreno anuncia la derogación del decreto 883 que, siguiendo las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), emitió el pasado 1° de octubre y con el cual establecía el fin de los subsidios a los combustibles (aumentando un 123% el precio del galón de diesel y 30% el de la gasolina) así como otras medidas laborales que atentaban contra los derechos de los trabajadores. Dicho retroceso en la aplicación del decreto sólo fue posible tras diez días de intensas movilizaciones y enfrentamientos entre los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana, encabezados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), y las fuerzas policiacas y militares, que culminaron con la negociación entre el dirigente de la Conaie, Jaime Vargas, y el resto de los liderazgos con el presidente Moreno, acordando la creación de una comisión integrada por representantes de ambas partes con el fin de elaborar un nuevo decreto.

Para entender la importancia y dimensión de este suceso, que sin duda yo me atrevería a catalogar como victoria popular, debemos comenzar por el principio, profundizando en las formas en las que se dio la lucha y las razones que llevaron a ella. Como ya mencioné en el párrafo anterior, todo comienza con la emisión del decreto 883 el día 1° de octubre que establece toda una serie de medidas económicas impuestas como condición a los más de cuatro mil millones de dólares prestados por el FMI, a las que además de las alzas al diesel y a la gasolina se suman: un 20% menos de remuneración para los contratos ocasionales, la reducción de 30 a 15 días de vacaciones a los empleados públicos, la eliminación del impuesto de salida de divisas, el despido masivo de trabajadores, el alza a los precios del transporte público; entre otras tantas medidas neoliberales que buscan a toda costa estabilizar las finanzas y reducir el déficit, obviando el bienestar de la población.

El anuncio provocó el descontento general de la sociedad y, especialmente, de los pueblos indígenas a los que dichas medidas no harían más que agudizar su condición de pobreza y marginalidad, propiciando la movilización de miles de integrantes de los diversos pueblos en conjunto con otros sectores de la sociedad, provenientes de diversas regiones del país, hacia Quito, con la exigencia de derogar tal decreto. Así comenzaron una serie de manifestaciones multitudinarias que paralizaron al país, a las que el presidente Moreno no encontró más respuesta que la clásica de la derecha conservadora: la censura a los medios de comunicación y la ampliación de la represión violenta mediante el uso de las fuerzas policiales y armadas quienes, por medio de bombas lacrimógenas y balas de goma, buscaban recuperar el control de los espacios públicos así como la aprehensión de los opositores, para finalmente decretar el Estado de excepción y la militarización abierta. La situación se mantuvo hasta que, 10 días después, Lenin Moreno no tuvo más opción que aceptar el diálogo y la revocación de todas las medidas. La insurrección había triunfado.

¿Por qué este suceso ha sido de suma relevancia, no sólo para la sociedad ecuatoriana, sino para América Latina en general? Tal pregunta lleva a considerar la reciente insurrección del pueblo ecuatoriano como un suceso que va más allá de la simple coyuntura. Más bien, se debe entender como un hecho que debe ser integrado dentro de un contexto regional en el que actualmente en la mayoría de los países latinoamericanos presenciamos un alto número de gobiernos conservadores y de derecha que desde su llegada al poder no han hecho más que profundizar las desigualdades e injusticias sociales y económicas por medio de la constante aplicación y profundización de medidas neoliberales, provenientes en su mayoría de las siempre atinadas recomendaciones de los grandes organismos internacionales (BM o FMI), y bajo amenaza de ser apartados de los supuestos beneficios (crediticios principalmente) que de ellos emanan.

Así, el caso de Ecuador ha resultado ser el más actual, pero no por ello hay que olvidar que se trata de una situación que se extiende a lo largo de la casi totalidad de la región latinoamericana, donde el neoliberalismo resulta ser la verdadera bandera a defender por parte de los Estados y sus dirigentes, y donde la única población que merece ser protegida es la de los grandes empresarios e inversionistas, recurriendo al viejo discurso del nacionalismo, de la seguridad, de la estabilidad y del progreso. Mientras tanto, el resto de la población (la aparentemente prescindible) queda expuesta a los constantes embates de un sistema que día con día se vuelve más rapaz y excluyente, y que además está custodiado por el llamado uso legítimo de la fuerza y de la violencia. Como si la violencia cotidiana a la que nos sume este tipo de modelo no fuera más que suficiente. Mientras tanto, personajes como Bolsonaro en Brasil y Moreno en Ecuador (entre otros tantos) siguen hablando de sanear las finanzas públicas, terminar con la corrupción, promover el desarrollo y el bienestar social y recuperar el prestigio internacional.

Pero lo que ha demostrado la sociedad ecuatoriana es, una vez más, la capacidad transformadora que tienen no sólo los movimientos sociales organizados sino la totalidad de las fuerzas populares quienes, por medio de su unión, de su organización y oposición han logrado a lo largo de la historia sobreponerse a un sinnúmero de condiciones y situaciones adversas. Y esto es sumamente representativo en el caso de la lucha en Ecuador, ya que un descontento que inició con la movilización de los transportistas fue sumando el apoyo de los mayores movimientos del país. De esta manera se sumaron a las protestas la Conaie, el Frente Unitario de los Trabajadores, los sindicatos de educadores, la federación de estudiantes universitarios, el movimiento feminista y ecologista, por citar algunos. Con esto, la protesta se convirtió en algo más allá de una simple reacción al aumento de los combustibles y pasó a ser una crítica al gobierno neoliberal de derecha de Lenin Moreno y a la injerencia del FMI en el país.

Y es que el pueblo ecuatoriano, como muchos otros en América Latina, posee una fuerte tradición de lucha y de movilización. Cabe recordar lo sucedido tan solo entre 1997 y 2007, periodo en el que el país tuvo nada menos que ocho presidentes, tres de los cuales fueron derrocados por levantamientos populares, logrando la estabilidad hasta el periodo del expresidente Correa, quien también tuvo que enfrentarse a los reclamos de la sociedad. En los tres casos anteriores, la gota que derramó el vaso fue la aplicación de medidas neoliberales contra el pueblo. De esta manera, lo que quiero destacar como aspecto central es el protagonismo de los movimientos, la capacidad de la gente común de organizarse y movilizarse, con el movimiento indígena jugando un papel decisivo y encabezando las protestas, y siendo un actor político de peso sin la necesidad de ser un partido ni de insertarse en la política de camarilla. El pueblo ecuatoriano ha demostrado, una vez más, que es posible poner en jaque la gobernabilidad en nuestros países a través de una movilización que reivindique la unidad de lo diverso y el respeto hacia la vida y la justicia.

Los movimientos populares organizados y dispuestos a luchar por el bienestar y por la dignidad social siempre serán a mi parecer (y a riesgo de sonar algo utopista) aquellos que podrán erigirse por sobre las injustas situaciones que la aplicación del modelo neoliberal nos ha impuesto y retirar a todos aquellos gobernantes que nos han llevado a este aparente callejón sin salida. Son aquellos que tienen la posibilidad de revertir ciertas situaciones, pero también de ir más allá, tratando de cambiar el mundo. No se trata solo de resistir a ciertas medidas, sino que se deben buscar también alternativas nuevas y totalmente distintas a las que nos dominan. Tal es el potencial del pueblo organizado y movilizado. Esta vez, el triunfo se dio en Ecuador y cuenta con el potencial para llegar más lejos, pero no hay que olvidarnos de Perú, de Brasil, de Chile y de tantos otros países, dentro y fuera de nuestra querida América Latina (como sucede actualmente en China o en Barcelona, aunque con otros matices) en donde aún se expresa la inconformidad y se mantiene la lucha. Lo que sin duda parece estarse cocinando es la nueva disputa por el poder que llevarán a cabo los gobiernos progresistas y los conservadores, acompañados por la presencia de vastas movilizaciones populares que deberán decidir su nivel de involucramiento y mantenerse firmes en sus reivindicaciones.


Diego Soto Pereira

Licenciado en sociología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestrante en Estudios Latinoamericanos por la misma institución.

diego.soto.p91@gmail.com

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