Feminicidio de la memoria histórica

Todas las mujeres del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser mujer

Flora Tristán

En el inicio del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura del Senado de la República, denominada irónicamente Legislatura de la Paridad de Género, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó una iniciativa de ley para reclasificar el delito de feminicidio en el Código Penal Federal, con la cual soslaya e invisibiliza los esfuerzos y las batallas ganadas de los actores que han participado para alcanzar un marco jurídico que se adecúe al contexto social actual, con la finalidad de atender el homicidio por razones de género, de esta forma se actualiza el feminicidio perpetuado en contra de la memoria histórica en la materia.

Con esta iniciativa, el Fiscal desconoce las obligaciones internacionales derivadas de los diez principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos: la Carta Internacional de Derechos Humanos, integrada por la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; las siete convenciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas sobre Discapacidad; Discriminación contra la Mujer; Discriminación Racial; Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Trabajadores Migratorios y sus familiares; Derechos del Niño; y Desapariciones Forzadas.

Desconoce también los protocolos facultativos, los cuales sirven para complementar y reglamentar los tratados de derechos humanos, por ejemplo, creando nuevos mecanismos de supervisión, como el mecanismo de presentación de quejas en la Convención de Discriminación contra la Mujer; y por ende, resta valor a los comités de expertos encargados de supervisar la aplicación de esos instrumentos por los Estados Parte.

Además, no toma en cuenta los principios internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, pro personae, interpretación conforme y control de convencionalidad.

Olvida que el 16 de diciembre de 1998, México reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la cual el órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano adoptó la sentencia paradigmática del caso González y otras vs el Estado mexicano el 16 de noviembre de 2009, conocida como Campo Algodonero, por la desaparición y muerte de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, mediante la cual responsabilizó al Estado de incumplir su deber de investigar la violencia y con ello su deber de garantizar, los derechos a la vida, integridad y libertad personal de las víctimas y su derecho de acceso a la justicia, e instruyó al Estado a que elaborara una herramienta de atención de la tendencia feminicida del país, por lo cual en 2011 se dio a conocer el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio.

Reduce a la nada los trabajos realizados por los organismos internacionales, en particular los de la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, que convergen en sus respectivas funciones para que pueda llevarse a cabo con acuciosidad la prevención, investigación, atención, sanción y erradicación de esta conducta contraria a derecho que resulta tan sensible y lacerante para cualquier sociedad, en particular el de la Iniciativa Spotlight, presentada en mayo de 2019, para prevenir y eliminar el feminicidio en el país, así como para que niñas y mujeres disfruten de espacios públicos y entornos seguros.

Denosta el dolor de las víctimas y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que desde hace mucho han trabajado en que el impacto de este delito se reduzca, a pesar que los datos y las estadísticas de percepción del delito recrudecen e incluso revictimizan a las personas que tienen relación con algún acontecimiento de esta naturaleza, al saber que el escenario es cada vez peor.

Demuestra evidente ignorancia en las estadísticas de la problemática, ya que de acuerdo con el Informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2019 se cometieron 976 feminicidios, cifra que tuvo un aumento de 9.12% en comparación con 2018, delito que se encuentra tipificado en las 32 entidades federativas desde octubre de 2017. El mismo informe contempla que 2,819 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, cifra que presenta un aumento de 9.83% en comparación con 2018.

Este contraste entre una y otra clasificación de ambos delitos es más relevante de lo que parece, debido a que algunas de las autoridades siguen sin atender el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio, por lo que como lo han señalado algunas organizaciones de la sociedad civil, como es el caso del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, las cifras pueden no estar mostrando los datos reales de este cáncer social, además de las mujeres que se encuentran desaparecidas, y por ese motivo, no pueden ser incluidas en el rubro correcto.

Resulta aún peor, saber que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que el 93.2% de los delitos en México no se denuncian o no se inicia la carpeta de investigación de mérito, lo que implica que la comisión real de delitos, incluido el feminicidio, puede reflejar muchos menos delitos de los que realmente son cometidos y de los cuales son víctimas, en el caso que ocupa, las mujeres en nuestro país.

Los estados con mayor número de casos de feminicidio son: Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Puebla y Ciudad de México, los cuales, en el mismo orden, tienen un porcentaje muy alto de delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación, a saber: 95.6%, 93.6%, 91.6%, 91.6% y 94%, de conformidad con la misma ENVIPE. El que la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, la bancada en el Congreso del partido en el poder, así como otros actores políticos, hayan intentado enmendar el desatino del titular de la Fiscalía General, de ninguna manera puede disimular ni distraer la atención de la indolencia permanente que caracteriza al Estado mexicano en cuestiones de violaciones a derechos fundamentales, debido a que reza la Constitución: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en nuestro territorio.


César O. Castro Márquez

Especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, Académico y Activista.

Publicado por CELAEI

Somos un Centro de Investigaciones Interdisciplinarias fundado en México, con vocación latinoamericanista.

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