Los enemigos de la Universidad

El problema no es universitario sino de agresión a la Universidad. Se arremete contra su obra bajo las actuales condiciones del país, pero no es esa acometida ni nueva ni distinta.

Gastón García Cantú, 1972

Los hoy ya cierres sistemáticos de Facultades, Colegios y Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México han tenido como consecuencia directa, particularmente en los últimos días, en los que la paralización de las actividades en diferentes instituciones rebasó el número de los diez centros educativos en paro por más de cuarenta y ocho horas (algunos de ellos en estatuto de indefinido), la profusión de notas periodísticas, análisis y opiniones tendientes a esclarecer cuál es la naturaleza de los acontecimientos que están teniendo lugar en la mayor universidad con la que cuentan los mexicanos y las mexicanas.

Por regla general, esa vorágine de información centrada en la Universidad de México suele ser casi que una práctica tradicional siempre que sus estudiantes se manifiestan, se movilizan o paralizan las actividades propias de la institución. Y es que, en cierto sentido, cuando alguna de esas cosas pasa, lo que se instala como sentido común en el imaginario colectivo nacional es que algo realmente podrido y peligroso debe de estar ocurriendo al interior de la institución como para que su población regular decida no aguantar más la situación y plantearse la necesidad de actuar de alguna forma.

Ello, por supuesto, se explica en gran medida debido al rol que en la historia política de México asumió la Universidad Nacional en la mayor parte de los momentos más críticos para el conjunto de la sociedad. Ya fuese posicionándose como la vanguardia de las manifestaciones que a lo largo del siglo XX cimbraron las bases del autoritarismo priísta, funcionando como espacio de refugio para una diversidad y una multiplicidad de movimientos sociales o asumiendo el papel de fuerza de apoyo (moral o en protesta) de otras consignas, otros grupos y otros sectores de la población; lo que siempre fue un hecho innegable es que la particular composición popular del grueso de la población estudiantil, administrativa y docente de la Universidad en cada ocasión fue un activo de potencialización de resistencia y reacción colectiva ante las arbitrariedades del poder político mexicano.

En ese sentido, la imagen relativamente generalizada y bien aceptada por la población de que la Universidad de México es el ejemplo por antonomasia de una institución noble, con los más altos estándares éticos y la garante de la función social más importante para el país (formar a cada nueva generación de ciudadanos y ciudadanas al servicio del pueblo), construida a lo largo de décadas de luchas sociales con epicentro en sus estudiantes, docentes y administrativos, es eso que en la actualidad, en el debate público suscitado por el cierre de centros de estudio en sus diferentes niveles educativos, causa tanta polémica y tanta atención por parte de la colectividad, pero, en particular, por parte de un amplio circulo de intereses políticos que tienen entre sus principales voceros a ciertas figuras autodenominadas intelectuales, con amplia presencia en prensa y otros medios de comunicación tradicionales (radio y televisión).

Esa imagen es, asimismo, la que hoy se encuentra en crisis, derivado de la aguda crítica que algunos sectores de la población estudiantil han realizado en temas tan sensibles e igualmente tan urgentes de solucionar como los relativos a la violencia de género, la seguridad de las instalaciones ante actos delictivos y la situación general de las condiciones de estudio en las cuales llevan a cabo sus labores cotidianas miles de hombres y mujeres, desde el bachillerato hasta el posgrado. Temas que, no sobra señalarlo, un número importante de directivos de los distintos centros educativos hoy paralizados en sus actividades regulares ha reconocido; y que en días recientes han llevado al Rector de la Universidad a plantear agendas de atención e implementación más eficaces ante las demandas de los y las estudiantes en posición de protesta.

Sin embargo, como suele ocurrir en situaciones así —y como bien lo demuestra la experiencia histórica de la UNAM en momentos similares— eso que se está disputando de manera legítima  por parte de amplios sectores del estudiantado de la Universidad es hoy objeto de intervención por parte de propios y ajenos a la institución, lo cual ha derivado en una profunda polarización en la que los intereses en juego, en ambos lados de la ecuación, están tensando cada vez más la situación para sacar dividendos políticamente redituables en los siguientes años. Y es que, en efecto, hay que tener claridad: que múltiples y diversos intereses estén buscando obtener algún beneficio del impase en el cual se encuentran distintos planteles de la Universidad no significa, en ningún sentido (o por lo menos no de manera mecánica) que sean esos mismos intereses los que de forma directa controlan los planteles en paro.

Basta con observar los diálogos hasta ahora producidos tanto por las autoridades de la Universidad Nacional como por los grupos de estudiantes en paro de labores o movilizados para dar cuenta de los actores involucrados y el mutuo reconocimiento de legitimidad que hay en juego en esos planteles. En la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, las dinámicas que se han establecido para salir del atolladero han sido trabajadas por las alumnas que mantienen el paro (siendo, al mismo tiempo, apenas la cara más visible de procesos tripartitos —entre académicas, trabajadoras y alumnas— más amplios y complejos) en relación con las autoridades de la Facultad, en lo particular; y con personal de Rectoría, en lo general. Hay ahí, en ese ejemplo tan concreto, la prueba clara de que en cada caso los grupos de estudiantes que se movilizan o paralizan a su institución lo mismo son reconocidos por las autoridades universitarias como interlocutores legítimos que agentes de reconocimiento de las propias autoridades como sus contrapartes.

En el debate, la mayor parte del tiempo se pierde de vista esa situación (hasta cierto punto, de horizontalidad) con el objetivo claro de establecer una narrativa en la que, por regla general, son a los y las estudiantes a quienes públicamente se les reconoce como la parte ilegítima de la ecuación para realizar cualquier demanda, exigencia, petición o negociación con las autoridades universitarias. Y de ahí, por ejemplo, que entre más tiempo tarden en resolverse las negociaciones entabladas, en el discurso conservador esa duración sea empleada como un pretexto para reafirmar la idea de que a mayor tiempo en paro de labores mayor es, proporcionalmente, la ilegitimidad de los grupos de estudiantes en protesta.

En los hechos, en el momento presente, esa específica manera de construir narrativamente a los actores involucrados en las negociaciones por plantel (y particularmente del lado de la ecuación correspondiente al estudiantado), ha servido a ciertos intereses políticos para asentar la idea de que los y las estudiantes en paro, ellos y ellas mismas, son agentes al servicio de fuerzas políticas externas a la universidad que intentan poner a la institución de rodillas y someterla, para desestabilizarla e impulsar cambios políticos en su interior. Y es que, en efecto, esa narrativa, en particular, comenzó a potenciarse a partir del pasado martes cuatro de febrero, cuando un grupo de personas incendiaron y destrozaron parte del inmobiliario de la torre de Rectoría en Ciudad Universitaria.

El peligro de tal discurso es, no obstante, que facilita el hecho de que en la discusión pública sobre el destino de la Universidad se pierda de vista que si bien es cierto que toda crisis y todo momento de coyuntura es políticamente redituable y un banquete en disputa por un montón de actores e intereses externos a la institución, el que esos actores y esos intereses intervengan en la crisis y la coyuntura no significa que por ello haya que reconocer a los y las estudiantes legítimamente movilizados como los grupos encargados de instrumentar la agenda de aquellos para paralizar a la Universidad.

En rigor, lo que debería de estar privando en el debate actual es, antes bien, el imperativo de visibilizar la manera en que esos intereses procuran intervenir para definir la trayectoria y las tendencias seguidas por las negociaciones y no, por lo contrario, la necesidad de criminalizar y/o vandalizar a los grupos estudiantiles que se esfuerzan por mantener un diálogo abierto y directo con sus respectivas autoridades para darle un cause institucional a sus demandas, exigencia y peticiones colectivas —y colectivas en el sentido de que si bien es cierto que los grupos encargados de mantener las instalaciones de la Universidad cerradas y seguras son reducidos, ello no significa que sus puntos de negociación no sean representativos del resto de la comunidad y, en ultima instancia, derechos y beneficios conquistados para la totalidad de la matricula estudiantil.

En ese sentido, dos de las cosas que no habría que perder de vista para tener el marco completo de la situación en la que se encuentra la universidad son, por un lado, que es en su población regular (mayoritariamente conformada por estudiantes entre los dieciséis y los treinta años de edad) en donde mejor se evidencia que la Universidad no es un espacio de excepción a las dinámicas tan violentas que se viven en el resto de la sociedad, de tal suerte que lo que ocurre en ese microcosmos llamado Universidad Nacional Autónoma de México es en verdad un reflejo de la descomposición del tejido colectivo de la sociedad mexicana —y uno, habría que apuntar, en el que cada problema general adquiere una mayor consistencia y densidad por el tipo de dinámica y de espacios en los que se desarrolla la cotidianidad universitaria.

Y por el otro, que si la Universidad es, en efecto, ese pequeño universo que sintetiza gran parte de lo que ocurre en el resto del Estado, no debe menospreciarse ningún intento de injerencia que esté encaminado a lograr la despolitización del estudiantado. Después de todo, hace ya bastantes décadas que diversos actores constitutivos del poder político mexicano han buscado hacer de la Universidad de México una suerte de espacio por completo desvinculado de la acción política directa y la incidencia en los procesos de toma de decisiones concernientes a las formas y los contenidos de lo público. Y ello, en un momento como el presente, supone un riesgo de proporciones mayores que únicamente derivaría en un retroceso de participación democrática luego de haberse experimentado en el país una de las disputas político-electorales con mayor participación y de definición por parte de las generaciones más jóvenes de México.

Por eso, y en virtud de los dos señalamientos arriba expuestos, es cierto que hay que defender a la Universidad ante cualquier injerencia que pretenda ponerla de rodillas. Sin embargo, es igualmente cierto que esa defensa debe plantearse como un acto de y en comunidad, articulando las experiencias de estudiantes, docentes y administrativos en una labor común; no procediendo, por lo contrario, restituyendo la idea de que cada uno de los sectores que conforman a la institución deben reconocerse mutuamente como enemigos internos a los que hay que vencer o simplemente anular políticamente. Y es que algo que no debe pasarse por alto es que, tras este periodo coyuntural, todo aquello que se quebró en el proceso tendrá que dar paso, necesariamente, a dinámicas de sanación y de reconstrucción del tejido comunitario propio de la vida universitaria que permita avanzar en la cotidianidad.


Ricardo Orozco

Internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Grupo de Trabajo «Geopolítica, integración regional y sistema mundial», del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

@r_zco

Publicado por CELAEI

Somos un Centro de Investigaciones Interdisciplinarias fundado en México, con vocación latinoamericanista.

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