Los desplantes autoritarios de la 4T

La llamada Cuarta Transformación del país arrancó vendiéndose como un proyecto que cambiaría radicalmente la situación política, económica y social del país, a un nivel tan drástico como la Independencia o la Revolución mismas. Se mostraba además como una opción diametralmente opuesta a la forma en los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional habían administrado México durante sus respectivos gobiernos.

No obstante, a poco más de un año de haber iniciado la gestión de Andrés Manuel López Obrador, podemos observar no solo la continuidad de muchas prácticas de los sexenios popularmente llamados neoliberales, sino un auténtico intento por regresar al autoritarismo del partido oficial.

Recientemente se filtraron las propuestas de una reforma penal-judicial, que activaron las alarmas entre analistas de los medios de comunicación, pero también entre académicos y organizaciones que velan por los derechos humanos. Si bien al día de escribir este artículo el senador Ricardo Monreal, líder de Morena en el senado, ha anunciado la postergación de la presentación de las propuestas de reforma (programadas originalmente para el 15 de enero pasado), la intención detrás de estas modificaciones ha quedado en evidencia.

De manera breve las pretendidas modificaciones incluían: la ampliación de la figura del arraigo (cuestionada duramente por organizaciones de derechos humanos y por la misma ONU); además de la aceptación de cualquier prueba en un juicio (sin importar si se obtuvieron de forma ilícita), la intervención de comunicaciones privadas en materia fiscal y electoral, la creación de un área para juzgar a los mismos jueces (cuyos miembros serían elegidos desde el poder legislativo), el abandono de la presunción de inocencia, entre otros cambios más. Una serie de medidas que además de su evidente tono contra los derechos y las libertades individuales, renueva el sometimiento del poder judicial (al que no se consultó al respecto, cabe mencionar) al poder ejecutivo, mermando la división de poderes, y prácticamente regresándonos a la época del dominio absoluto del partido y del presidente en turno; antes el PRI, hoy Morena. Empero, este no es más que el último de una serie de desplantes autoritarios que el gobierno progresista de Morena ha ejecutado.

El año pasado se aprobó la equiparación de fraude fiscal con crimen organizado, colocando al mismo nivel una polémica fiscal (que podría ser resultado de la casualidad) con delitos como tráfico de drogas, secuestro, asesinato, y demás conductas que ocurren a diario en el país y que parecen ser de menor interés para el gobierno que la defraudación fiscal.

Además, se aprobó también la Ley de Extinción de Dominio que elimina la responsabilidad del Estado por daño patrimonial, deja a cualquier persona como potencial víctima de que sus bienes sean incautados solo por estar demandado (sea culpable o no), la decisión de buena fe para cancelar el aseguramiento de bienes queda a criterio del juez (cuando antes era un derecho del acusado), la posibilidad de que ministerios públicos apócrifos demanden extinción, la venta de bienes antes de dictar sentencia, y un largo etcétera de medidas que dan claros ataques contra la propiedad privada, la libertad individual y los derechos humanos, y llevan la cuestión penal.  De igual manera, la llamada “Ley Garrote” se añade a la lista, como una indirecta criminalización de la protesta.

La suma de las leyes anteriormente mencionadas deja en enorme vulnerabilidad a cualquier mexicano, y da lícitamente la posibilidad a la 4T de atropellar los intereses y derechos de cualquier ciudadano. Aunado a la ambigüedad en el contenido de ciertos puntos de las leyes (sobre todo en la de Extinción de Dominio); lo que implicaría un mayor abuso del poder del que se puede detectar con lo que está explícitamente dicho.

La conducta autoritaria no se limita al establecimiento de leyes deplorables, sino que se ha manifestado de igual manera en la práctica. Por mencionar algunos ejemplos: la imposición e irracional insistencia con obras como la refinería de Tabasco y sobre todo el aeropuerto de Santa Lucía, aún contra el rechazo amplio y la inviabilidad o nulo beneficio proyectado para las mismas obras. Se suma a la lista la manera en que fue desarticulada la Policía Federal; y su reemplazo por una guardia nacional, creada entre la polémica (exaltada por un discurso de desmilitarización incongruente con los hechos) y una deficiente planeación, y cuya acción más relevante ha sido la de actuar en contra de los migrantes que llegan por la frontera sur. Y lo que más polémica ha causado, su actitud hostil contra los críticos y peor aún, contra las víctimas del crimen organizado y cualquiera que exija justicia y resultados en materia de seguridad.

¿A qué obedecen los desplantes autoritarios de la 4T? Evidentemente a la lógica del poder total. En el ámbito gubernamental, Morena controla los poderes ejecutivo y legislativo; aún así, busca el sometimiento del judicial y resquebrajar la autonomía con la que cuentan diversas instituciones, sepultar de facto el federalismo y la división de poderes, y pasar leyes cuyo último fin es la persecución de los detractores. En el ámbito social, triunfó con mayoría absoluta en las elecciones, cuentan con una alta aprobación, y todavía con el beneficio de la duda; sin embargo, se insiste en un discurso agresivo y polarizador, en despreciar a cualquier detractor, en seguir negando su responsabilidad e insistir en atribuir cualquier mal que aqueja al país a los presidentes anteriores (de manera especial y muy notoria a Calderón), en valerse del linchamiento público en las redes sociales para atacar críticos al régimen;  en hacer de las conferencias mañaneras no una forma de dar respuestas a inquietudes, sino una suerte de espectáculos de culto al líder y adoctrinamiento. En el mejor de los casos, Morena solo busca deshacerse de todas las barreras que les impidan derrochar en proyectos fallidos y asistencialismo clientelista. En el peor, estaríamos volviendo al México de los sesentas, pero sin contar “de pérdida”, ni con el desempeño económico, ni con la política exterior de ese entonces.

No, la tentación de un poder total no es exclusiva de Morena o de López Obrador, sin embargo, esta intención no era tan clara y ambiciosa desde los tiempos totalitarios del PRI.

No debemos olvidar lo costoso, difícil y lento que ha sido el proceso de apertura y de avance en protección de derechos humanos en el país. Un proceso en el cual podemos marcar su inicio en 1968 con el movimiento estudiantil. Y para dar una idea de lo complejo de la situación: fue hasta 1977 que se tuvo una reforma política que al menos daba voz a diferentes ideologías en la vida política nacional, fue hasta 1997 que realmente comenzó a haber elecciones, que con todo y sus vicios, al menos implicaban una competencia real, fue hasta el 2000 que el PRI perdió una elección presidencial, y fue hasta el 2008 que tuvimos una reforma penal más ad hoc a un país democrático, aunque nunca se aplicó cabalmente. Hasta este punto, habían transcurrido 40 años desde el 68; las victorias políticas y sociales fueron llegando lentamente y aún quedan muchísimas deficiencias y asuntos serios por atender en materia política, económica, social, y jurídica en el país. No obstante, en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se percibió un freno e incluso un retroceso a la apertura política y a la defensa y empoderamiento de los ciudadanos; y ahora el gobierno de la mentada “cuarta transformación” muestra evidencias claras de querer regresar al modelo del partido hegemónico; ese partido absoluto que costó incluso vidas, poder debilitar (nunca pudo erradicarse del todo).

Por ello es imperativo, que la sociedad mexicana no baje la guardia, ni se deje absorber por la demagogia (tanto la del gobierno, como la de la oposición), sino que mantenga una actitud crítica, e incluso de suspicacia respecto a los intereses verdaderos de la 4T. Se deben llevar la exigencia y la protesta hasta donde sea menester para proteger y reivindicar nuestros derechos y libertades individuales; y volver a una senda de mejoría constante del país, y de reformar drásticamente al sistema político mexicano para evitar volver al tradicional despotismo que ha gobernado México en la mayor parte de su historia.


Carlos Adrián Caballero

Internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México.

@Carlosrodizcab

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